De concretarse el plan, los pobladores podrían ejercer el mismo derecho que tuvieron los del Partido de Nicoya cuando el 25 de julio de 1824 decidieron separarse administrativamente de Nicaragua y anexarse a Costa Rica, debido al abandono en que se encontraban.
Y es que- señalan los promotores- una de las causas que llevó a este grupo de ciudadanos a tomar la decisión de anexarse a Panamá ha sido precisamente el abandono por parte del Estado por más de 100 años, así lo expresó a El Periodicocr.com el exdiputado Edwin Patterson.
“Yo soy un activista pro Costa Rica y no me gustaría nunca irme de este país, pero lamentablemente vivimos en un país racista y discriminatorio. Según la Constitución Política el costarricense tiene derecho a la tierra,pero todas estas tierras están siendo confiscadas, es deber del Estado preservar las lenguas autóctonas, pero ni siquiera el Garífona es reconocido en este país. Somos costarricenses únicamente para pagar impuestos al Estado, mismo que no nos deja ni trabajar. No estamos pidiendo que nos den nada, sino que nos dejen en paz”, expresó Patterson.
Indicó que no puede decir si la iniciativa tiene un 50 ó 100% de avance,pero que la discusión cuenta con bastante aceptación. Indicó que no hay un proyecto como tal, “pero si el Estado no presta atención a los limonense y no nos quiere aquí, entonces no habrá más remedio que discutirlo”.
“Por ejemplo, la Contraloría General de la República estimó que somos precaristas y que nuestra casas y negocios deben ser demolidos. Decisión que se da sin tomar en cuenta la cuestión cultural y el arraigo que tiene la gente en estas tierras. Por eso las propiedades y casas de mucha gente están siendo demolidas. ¿Y qué plantea el Gobierno? Dos años de moratoria. Eso es lavarse las manos. Es decir, dos años por mientras terminan de gobernar y aquí no ha pasado nada”.
Esta no es la primera vez que surge la idea de esas comunidades de anexarse a Panamá. Durante el Gobierno de Abel Pachecho varios vecinos hicieron la misma propuesta ante el abandono de ese gobierno.
Patterson explicó que ya están ideando a nivel local estrategias para promover el turismo desde Panamá.
Desalojos y confiscaciones; otras de las causas
Los primeros pobladores de Old Harbor, o lo que hoy se conoce como Puerto Viejo, se instalaron en ese lugar a finales de la década de 1930, a disposición de la Ley N° 116 de 1935. Es decir, las autoridades de entonces ordenaron que debían vivir allí.
Muchos tramitaron sus propias escrituras, otros se quedaron conformándose con el derecho de la posesión quieta que en Costa Rica se reconoce como posesión legal y patrimonial. Pero 70 años más tardes, una resolución de la Sala Constitucional indicó que esa ley de 1935 fue derogada en 1977 por la Ley de Zona Marítimo Terrestre(ZMT). Bajo esa interpretación la Contraloría General de la República determinó que las propiedades que están dentro de la ZMT deben ser desalojadas y demolidas.
Pero muchos pobladores de El Caribe sur se preguntan por qué de todo el Litoral Atlántico, desde la Barra del Colorado hasta la desembocadura del Rio Sixaola, el poblado de Manzanillo, Cahuita y Puerto Viejo se encuentran en el ojo del “huracán” de desalojos y demoliciones.
Para muchos vecinos, entre ellos el activista B. Archer Moore, cuando el Estado introdujo la Ley No. 6043 en 1977 (ZMT), que reglamenta el acceso y uso de las áreas costeras, los derechos de los pobladores u ocupantes no fueron reconocidos.
Hoy los pobladores del Caribe Sur viven con el temor a perderlo todo, pues muchos están en lista cuyas propiedades serán desalojadas y demolidas, sin indemnizar a sus ocupantes. Muchas de esas familias tienen de vivir allí, generación tras, hasta 150 años.
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