De manera unánime, la Corte Plena acordó reelegir a Carlo Díaz Sánchez como fiscal general de la República por un segundo período de cuatro años, tras otorgarle la totalidad de los 21 votos de los magistrados presentes.
Previo a la votación, el jerarca del Ministerio Público rindió un informe en el que expuso las principales acciones que desarrolló la institución en los últimos cuatro años, con un enfoque preponderante en la persecución de la criminalidad organizada, la corrupción y la mejora de la gestión de los despachos.
Tras conocer el resultado, Díaz señaló: “Asumo esta reelección con el mismo compromiso y entusiasmo con que lo hice hace cuatro años, poniendo al servicio del Ministerio Público la experiencia acumulada, para continuar fortaleciéndolo y mejorando su gestión”.
“Mantendré firme mi compromiso con la persecución penal de la delincuencia común, el narcotráfico, las distintas manifestaciones del crimen organizado y la corrupción, siempre en estricto apego a la Constitución Política y la ley, y en defensa de la independencia del Ministerio Público. Mi objetivo seguirá siendo contribuir a que Costa Rica preserve y fortalezca su Estado de derecho y continúe siendo una democracia ejemplar”, dijo.
Ofensiva contra la criminalidad
El fiscal general destacó que, gracias al compromiso de fiscales y demás personal, se registró un aumento en la operatividad del Ministerio Público, pasando de 3.069 allanamientos en el 2023, a 3.207 en el 2024, 3.536 en 2026 y 3.067 al tercer trimestre del 2026, pese al aumento significativo de la delincuencia y la violencia, las limitaciones presupuestarias y la reducción de los recursos.
“Hemos logrado, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, la contención de la criminalidad, sobre todo si lo analizamos desde la contención gradual de los homicidios, los cuales tuvieron su pico en el año 2023, que se convirtió en el más violento de la historia del país, no obstante, se ha conseguido frenar esa tendencia”, subrayó.
Entre los principales hitos, destacó la desarticulación de las mayores organizaciones dedicadas al crimen organizado, como el caso “Traición” liderada por dos hermanos identificados con los alias de “Shock” y “Noni”; el caso “Riverside”, que atacó la estructura criminal liderada por alias “Pecho de Rata”, ambas organizaciones fueron consideradas por el OIJ como “carteles”.
Además del caso “Clarividente”, que permitió desarticular una red criminal dedicada a la logística para el envío de cargamentos de droga hacia Estados Unidos y Europa. Y, finalmente, la captura de alias “Diablo”, quien se convirtió en el criminal más buscado del país, por casi una década.
Para Díaz, a estos resultados se suma el haber concretado las primeras extradiciones de costarricenses requeridos en el extranjero por narcotráfico, producto del apoyo dado desde el Ministerio Público a la iniciativa para realizar la modificación al artículo 32 de la Constitución Política.
“Desde el inicio de la gestión buscamos reanudar las investigaciones conjuntas con diferentes organizaciones, hoy gozamos del respaldo y reconocimiento de la DEA, el FBI, el PACCTO, Eurojust, entre otros, con quienes ya hemos articulado varias investigaciones conjuntas contra organizaciones transnacionales, porque sabemos que para el crimen organizado no existen fronteras y solo las sociedades e instituciones unidas podemos hacer frente a las mismas”, afirmó.
Ejes estratégicos
Frente a los próximos cuatro años, el fiscal general señaló que la gestión estará orientada al fortalecimiento institucional, con proyectos estratégicos y la continuidad de las acciones contra el crimen organizado.
“En este nuevo periodo tenemos varios objetivos, entre los que están: continuar combatiendo las estructuras criminales ya desarticuladas para evitar su recomposición y persistencia, y perseguir a los funcionarios corruptos que prestan ayuda a las organizaciones delictivas”, explicó.
La cooperación internacional, señaló, también ocupará un lugar prioritario: “vamos a continuar con las acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional, lo que incluye el desarrollo de la segunda fase de trabajo con la DEA, para la extradición de los denominados como narcotraficantes invisibles y los funcionarios corruptos que les prestan ayuda”.
“Seguiremos procurando una justicia objetiva, al servicio de la ciudadanía, por lo que mantendremos como pilares defender el Estado de Derecho, preservar la institucionalidad democrática y garantizar la independencia del Ministerio Público”, concluyó el jerarca.
