En un giro inesperado en la Comisión de Asuntos Hacendarios, la discusión sobre el Presupuesto Nacional 2027 sufrió un revés para el Poder Ejecutivo la mañana de este lunes. La diputada oficialista Kattia María Ulate Alvarado rompió la línea de su bancada y votó junto a la oposición para rechazar una moción que pretendía recortar más de ₡8.000 millones a las universidades estatales.
La propuesta, identificada como la moción número 16 y defendida por el jefe de fracción del oficialismo y presidente del foro legislativo, Nogui Acosta Jaén, planteaba eliminar una transferencia de ₡8.048 millones correspondiente a los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Estos fondos provenían de un acuerdo de devolución pactado en noviembre de 2025 entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Mayoría inesperada en Hacendarios
Pese a que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con la mayoría de los escaños en dicha comisión (seis de los once integrantes), la sorpresiva postura de Ulate inclinó la balanza.
El bloque opositor, conformado por los liberacionistas Diana Murillo, Salvador Padilla y Ángela Aguilar, junto con los frenteamplistas Antonio Trejos y María Eugenia Román, logró consolidar los seis votos en contra necesarios para sepultar temporalmente la moción, frente a cinco votos a favor del oficialismo.
De acuerdo con fuentes legislativas, tras emitirse el resultado, la congresista oficialista intentó dar marcha atrás a su sufragio; sin embargo, la presidencia del foro y miembros de la oposición señalaron que el reglamento impedía modificar los votos una vez que se había comenzado a anunciar el resultado de la votación. No obstante, el sector oficialista no descarta apelar a una moción de reconsideración.
Repercusiones y tensión política
El dinero que se pretendía retirar de la educación superior —afectando a la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN)— no se eliminaría del plan de gastos, sino que sería redirigido hacia las contribuciones patronales del Ministerio de Educación Pública (MEP) destinadas a Jupema.
Mientras que los diputados del Gobierno defendieron la medida como una necesidad para honrar compromisos estatales en materia de pensiones, la oposición y los rectores universitarios han alzado la voz advirtiendo sobre el impacto crítico que esto tendría en la operación de sedes regionales, proyectos de infraestructura y el acceso de cientos de estudiantes a la educación superior pública.
A pesar de este freno, el pulso por el presupuesto continúa, ya que en la corriente legislativa se mantienen vivas otras mociones de recorte que amenazan con tensar aún más la relación entre el Ejecutivo y el Congreso antes de que venza el plazo de dictamen en la Comisión de Hacendarios.
