La política josefina no entiende de treguas, y el alcalde Diego Miranda está aprendiendo, por las malas, que un respiro en la Fiscalía no es una victoria en la guerra.
Mientras el jerarca celebra que el Ministerio Público pidió archivar su causa por peculado, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) ha decidido no soltar la presa, elevando la apuesta hacia el único escenario que realmente debería quitarle el sueño al alcalde: la pérdida de sus credenciales ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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El pulso es de una agresividad institucional inédita.
La PEP, actuando como el implacable abogado del Estado, ya no solo señala faltas; está construyendo el camino para el destierro político de Miranda.
Al enviar el oficio PEP-OFI-269-2026 al Tribunal, la Procuraduría ha dejado claro que, para ellos, el uso de abogados municipales en pleitos personales no es un “error material” ni una “persecución”, sino una violación flagrante al deber de probidad.
IEGOLa estrategia de Miranda de gritar “persecución política” cada vez que se le cuestiona empieza a sonar a disco rayado. Mientras él intenta desviar la atención hacia los fantasmas del pasado municipal, la realidad técnica lo asedia: la Ley contra la Corrupción (8422) es tajante.
Si el TSE valida que hubo un desvío del fin público para beneficios privados, la sanción no será una amonestación de pasillo ni una suspensión de 15 días; será la cancelación definitiva de su credencial.
El alcalde camina hoy por una cuerda floja legal. Por un lado, la Fiscalía le da oxígeno temporal; por el otro, el “Abogado del Estado” le prepara el cadalso administrativo.
El TSE, que no suele temblar ante figuras de elección popular cuando de ética se trata, tiene ahora la última palabra. En San José, el olor a crisis de gobernabilidad ya es inocultable, y la pregunta en la Sala de Redacción no es si habrá juicio, sino si Miranda llegará a terminar el año sentado en la silla principal de la capital.
