El Caso Barrenador entra en una fase crítica donde los números pesan más que las esposas.
Mientras el Ministerio Público sostiene su acusación en un supuesto perjuicio económico, surge una revelación que sacude el proceso: la Fiscalía lleva más de un año negándose a realizar los peritajes y auditorías forenses contables a través de los especialistas de la Sección de Delitos Económicos del OIJ.
Esta negativa resulta incomprensible cuando se contrastan las fuentes. Las cooperativas de salud (Coopesain, Coopesalud, Coopesiba, Coopesoliba y Coopesiba) han presentado peritajes privados de alto nivel que señalan errores garrafales en la metodología utilizada por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS. Según estos expertos independientes, la Caja utilizó criterios desactualizados que no reflejan la realidad operativa de la tercerización, inflando artificialmente la percepción de un sobreprecio que, en la práctica, no existe.
¿Miedo a la verdad del OIJ?
La defensa de los imputados ha sido insistente: si la Fiscalía está tan segura del daño patrimonial, ¿por qué no permite que los peritos contables del OIJ —la mano técnica del Poder Judicial— realicen una auditoría forense independiente? La resistencia del Ministerio Público a evacuar esta prueba fundamental sugiere que el expediente podría desmoronarse si un técnico neutral desmenuza los informes de la Caja.
Al ignorar los peritajes privados que exponen las pifias de Contabilidad de Costos y al bloquear la intervención del OIJ, la Fiscalía coloca a los investigados en un estado de indefensión técnica.
No se trata solo de un pleito legal, sino de una batalla por la verdad contable. En San José, la pregunta es inevitable: ¿Busca la Fiscalía justicia basada en datos, o un espectáculo basado en proyecciones erróneas?
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Con 500 mil asegurados esperando una resolución, el “cerrojo” a las auditorías forenses del OIJ huele más a estrategia procesal que a búsqueda de la transparencia.
El Caso Barrenador sigue adelante, pero con una mancha de duda sobre la objetividad de quien debería ser el primero en buscar la prueba técnica: el fiscal.
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Alonso Mejía.
