George Rodríguez EP. El diálogo urgente y ordenado es la única ruita viable a seguir, en Nicaragua, hacia una solución pacífica a la violenta crisis política que hace más de dos meses convulsiona a ese país centroamericano, dijo el presidente costarricense, Carlos Alvarado, al participar, este sábado, en la 51 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).
El inminente restablecimiento del reiteradamente interrumpido Diálogo Nacional nicaragüense genera esperanza en cuanto a hallar esa solución negociada, con el implícito acatamiento de las quince recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló al cierre de su visita de cuatro días, en mayo, a Nicaragua, aseguró Alvarado.
“Costa Rica, al igual que la comunidad internacional, considera que el diálogo ordenado, transparente y urgente es el único camino para una salida pacífica a la crisis interna en beneficio de la democracia”, expresó el mandatario.
Alvarado aseguró que la cumbre que se desarrolla en República Dominicana no podía omitir una manifestación referida a la aguda crisis nicaragüense, con saldo de centenares de víctimas fatales –incluidos niños-.
“Confiamos que, con el restablecimiento de los trabajos de la Mesa de Diálogo, se logre identificar una hoja de ruta que permita una salida negociada de esta crisis y en el acatamiento de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, planteó, asimismo.
El mandatario aludió así a la perspectiva de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), mediadora y testigo del diálogo convoque a reiniciar el 2 de julio las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia –que reúne a organizaciones de sociedad civil-.
También hizo referencia a las quince recomendaciones que la CIDH incluyó en el informe preliminar de su visita del 17 al 21 de mayo a Nicaragua, para monitorear, en el terreno, la situación de los derechos humanos en el marco de la violencia fruto de la represión o policial y parapolicial antiopositora, las que amplió en el informe final, presentado el 22 de junio al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Entre las principales recomendaciones figuran las de “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, así como “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”.
Igualmente, planteó la necesidad de constituir un mecanismo internacional independiente que investigue los hechos de violencia que tienen lugar en el marco de la crisis, lo que dio lugar a la creación, por parte de la CIDH, del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), recientemente instalado en el país.
Durante su intervención en la cumbre del Sica, Alvarado expresó que, “es de gran relevancia el apoyo y acompañamiento a la Mesa de Diálogo que dará” el mecanismo, y aseguró que, “cuando en 1991 nuestros predecesores adoptaron el Protocolo de Tegucigalpa, la región se encontraba en un momento crítico”.
El mandatario hizo así mención del protocolo de constitución del mecanismo integracionista al igual que de las tres guerras internas que durante décadas convulsionaron a la región –El Salvador (1980-1992), Guatemala (1960-1996), Nicaragua (1982-1990)-, y que finalizaron a raíz de la firma, en 1987, en Guatemala, del Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica.
Los firmantes fueron los entonces presidentes Oscar Arias (Costa Rica), José Azcona (Honduras), Marco Vinicio Cerezo (Guatemala) –actual secretario general del Sica-, José Napoleón Duarte (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua) –nuevamente presidente de ese país-.
“Tras brutales conflictos y décadas de violencia, la voluntad de nuestros pueblos fue la de renovar su fe y compromiso con la paz, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo”, agregó Alvarado.
Desde que estalló, el 18 de abril, la violenta crisis política nicaragüense ha cobrado más de 200 vidas y generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos.
El gobierno sostiene que la violencia es fruto de organizaciones del crimen organizado que infiltran delincuentes en las manifestaciones callejeras antigubernamentales, mientras la oposición ha denunciado reiteradamente que es resultado de la represión de fuerzas policiales –principalmente efectivos antimotines- y civiles armado pertenecientes al sector juvenil del ex guerrillero y ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
