William Aguilar | EP. Recientemente Costa Rica dio un paso de suma importancia para la protección del medioambiente, la prohibición de la caza deportiva, con lo que cualquier persona que sea sorprendida atrapando o disparando a un animal silvestre que no sea para consumo humano, investigación científica o control de especies, será multada hasta con millón y medio de colones y penas de cárcel de entre dos y cuatro meses.
Sin embargo, aún queda un problema: aún no es prohibida la importación de especies protegidas fuera de nuestras fronteras a nuestro país; por lo que si alguien caza o compra un animal cazado en el extranjero y lo introduce a Costa Rica, no es castigado.
Al haber este vacío legal, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, presentó este martes una propuesta de reforma a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, para prohibir tanto la importación, como la exportación o transporte de flora y fauna que se encuentren protegidos.
“Luego de que se conociera la caza ilegal del león Cecil en Zimbabue se desató un debate mundial sobre la exportación e importación de trofeos con sus restos. Revisamos y encontramos que aunque en nuestro país ya tenemos algunas barreras a este tipo de productos, aún quedaban vacíos que urge llenar. La protección de las especies y el desestimulo de la caza son tareas que nos competen a todos como humanidad y Costa Rica debe cerrar todas sus puertas a esto”, comentó Araya.
Garantías de impacto ambiental
Asimismo, el legislador frenteamplista presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Ambiente, con miras a elevar el monto de garantía de impacto que se exige a proyectos de construcción en zonas protegidas o potencialmente sensibles a trastornos, como hoteles, urbanizaciones, o minas.
Con la legislación actual, la garantía se ha fijado de manera genérica en un 1 % sobre el monto de la inversión, independientemente de la magnitud del posible impacto ambiental.
“Así como están las cosas, el respaldo del Estado no es proporcional al daño que pueda producirse. No queremos que se repitan casos como el de Industrias Infinito (minera que se había instalado en Crucitas), con una inversión de más de 60 millones de dólares y que pagó una garantía ambiental de apenas 600 mil dólares”.
“Para evitar estas situaciones, el proyecto de Ley pretende actualizar los montos, de manera que sean diferenciados según la categoría del posible impacto ambiental en la que se clasifique la actividad, la obra o el proyecto por desarrollar”, enfatizó el diputado.
Estas dos propuestas de reformas a las leyes deben pasar ahora a aprobación en la Comisión de Ambiente para ser votadas en el Plenario.
