George Rodríguez EP. Periodistas independientes denunciaron este martes que, en Nicaragua, son tratados como criminales, y que, al igual que otros sectores, el gremio es blanco de lo que definieron como la política de terror que el gobierno aplica en general.
El inicio de la violenta crisis sociopolítica que hace más de cinco meses afecta a ese país centroamericano es el marco en el cual los medios de comunicación independientes, particularmente las radioemisoras, ven violada la libertad de expresión, indicaron, durante la 169 Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia fue formulada por los periodistas nicaragüenses Patricia Orozco (Radio Onda Local), Sergio León (Radio La Costeñísima), y Aníbal Toruño (Radio Darío), durante el abordaje de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el marco de la reunión que tiene lugar en la ciudad estadounidense de Boulder, en el occidental estado de Colorado.
“Ejercer nuestra profesión, en el país, es tratado como crimen, por el régimen”, aseguró Toruño, director de Radio Darío, emisora cuyas instalaciones fueron quemadas.
Toruño formuló, asimismo, a la CIDH, que emita un pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad en la que lo mismo periodistas que defensores de los derechos humanos desarrollan, con dificultad, su labor.
Por su parte, Orozco aseguró que “los medios independientes no nos escapamos de la política de terror del gobierno”, subrayó que “las radios locales son enemigas del gobierno”, y relató que, desde la llegada del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en 2007, al poder, “se violenta libertad de investigación, opinión, expresión y difusión de medios independientes”.
En opinión de León, director de La Costeñísima, “nuestra única arma de defensa es la denuncia pública”.
El periodista denunció, además, que ha sido objeto de amenazas, lo mismo que su familia y personal de la emisora ubicada en la sudoriental ciudad portuaria de Bluefields, en la costa caribeña nicaragüense.
La emisora ha sido, igualmente, blanco de una campaña difamatoria, ya que simpatizantes gubernamentales ha afirmado reiteradamente que La Costeñísima se dedica a “sembrar el odio en la comunidad”.
Al inicio de la sesión de trabajo, el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, planteó que la persecución de la que el sector periodístico es blanco posiblemente esté marcando el inicio de una etapa de represión selectiva enfocada en ese gremio.
“Ustedes saben bien las estepas que atravesado el conflicto. Pareciera que la próxima etapa va dirigida a los periodistas, y eso me preocupa mucho”, expresó.
Por su parte, la relatora de la CIDH para Nicaragua, la chilena Antonia Urrejola, señaló –y lamentó- el hecho de que el Estado nicaragüense se abstuvo de enviar representación a la sesión de la comisión.
“El estado de Nicaragua lleva tres años de no participar en las audiencias públicas. Lamentamos esta situación”, precisó la relatora.
La reunión de la CIDH abordó la violenta crisis que, estallada el 18 de abril a raíz de un decreto que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ha cobrado casi 500 vidas y generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, fruto de la represión antiopositora lo mismo general que selectiva, y ha causado daño masivo a la economía nacional.
Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido mediante la represión de la protesta popular.
