George Rodríguez EP. Algo más de doscientas organizaciones de derechos humanos de América plantearon a los países de la región y a la comunidad internacional a proteger los derechos de los migrantes venezolanos mayoritariamente desplazados a naciones sudamericanas, en su masiva huida de la crítica situación social y económica de su país de origen.
Es necesario que los gobiernos de los países a los cuales están ingresando contingentes de migrantes forzados aborden el problema con un enfoque integral en materia de derechos, y con miras a darle solución duradera.
“Hacemos un llamado a los Estados de la región, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar de manera conjunta frente el masivo desplazamiento forzado de más de dos millones de personas venezolanas que se encuentran actualmente en varios países de la región”, indicaron los firmantes de una petición dirigida a gobiernos y sociedad continentales, además de organizaciones especializadas en el tema y en derechos humanos en general.
Se trata de personas en condición de aguda vulnerabilidad social, por lo que es necesario proporcionarles protección, señalaron los firmantes de las organizaciones incorporadas al Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana Venezolana.
“En particular, resaltamos la importancia del reforzamiento de la protección y de la prevención de cualquier vulneración de los derechos de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional”, expresaron, en el texto de siete páginas, difundido por el Centro por la Justicia y el derecho Internacional (Center for Justice and International Law, CEJIL)
Se trata de una situación sin precedente a nivel americano, lo que implica la creación de mecanismos, lo mismo internos que multinacionales, para hacer frente al problema migratorio venezolano, señalaron las organizaciones.
“La crisis que actualmente enfrenta la región no tiene paralelo alguno en la historia de nuestro continente. Tanto por la magnitud de la población en movimiento, como por la celeridad con que este desplazamiento se ha presentado. Ello obliga a todos los actores involucrados a fortalecer, mejorar y, en su caso, desarrollar nuevos mecanismos internos y de responsabilidad compartida para atender la situación de aquellas personas que se han visto forzadas a migrar”, plantearon.
Los firmantes del texto señalaron la necesidad de evitar que las autoridades de cada país apliquen medidas que limiten los derechos de la población migrante.
“Desde la sociedad civil rechazamos cualquier medida regresiva que culmine en la restricción, eliminación o suspensión del goce y disfrute de los derechos de cualquier persona en situación de movilidad humana”, aseguraron.
Las organizaciones hicieron mención, a manera de ejemplo, de lo dispuesto por los gobiernos respectivamente de Ecuador y Perú de reconocer el pasaporte como único documento de identidad válido para ingresar a ambos países.
El documento fue emitido cuatro días después de violentos incidentes ocurridos en la localidad de Pacaraima, en el norteño estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, cuando habitantes locales atacaron a migrantes venezolanos quienes, por miles, llegan a ese lugar.
A raíz de esos hechos, el gobierno del derechista presidente brasileño, Michel Temer, adoptó una serie de medidas, entre las cuales figura el inmediato desplazamiento de 120 efectivos de la Força Nacional de Segurança Pública (Fuerza Nacional de Seguridad Pública), conjuntamente con 36 brigadistas de salud voluntarios para cumplir labores de asistencia médica en coordinación con el sistema universitario de hospitales en la zona.
También se decidió llevar a cabom trabajos de ordenamiento de la situación a lo largo de la frontera terrestre de 2137 kilómetros entre ambas naciones sudamericanas, con enfoque prioritario en materia social y de seguridad, de acuerdo con la información oficial.
Asimismo, en materia humanitaria, está en marcha la construcción, en el sector de Pacaraima, de una decena de refugios para inmigrantes venezolanos, hallándose, dos de esas estructuras, próximas a ser habilitadas.
Se prevé, adicionalmente, implementar un proceso –que se ha denominado como de interiorización- para la reubicación de migrantes en otras zonas de Brasil, para lo cual se decidió la habilitación de un refugio de transición, en la ciudad de Boa Vista –la capital de Roraima-, en el cual se atienda a las personas que cumplan el procedimiento.
