George Rodríguez EP. Los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua –parlamento unicameral aprobó, este miércoles, el proyecto de ley para atención a víctimas de la violenta crisis política que golpea, hace más de un año, al país centroamericano.
Al no abordar el reclamo central de la población –justicia, para que los crímenes cometidos en el marco de la represión policial y parapolicial no queden impunes-, la Ley de Atención Integral a Víctimas constituye una bofetada principalmente a las madres de los presos políticos, lo asesinaos y los desaparecidos, plantearon diputados opositores, quienes votaron contra el texto presentado, por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) –como el régimen se autodefine-, al organismo legislativo.
Ello, particularmente porque la ley fue aprobada un día antes de conmemorarse, en Nicaragua, el Día de la Madre, indicaron.
El texto de tres considerandos y cinco artículos se enfoca en garantizar, a las víctimas y sus familiares, mediante la creación del Plan de Atención Integral a Víctimas (PAIV) apoyo en el campo laboral, así como en las áreas de salud, educación, vivienda, y ocio.
Al garantizar “acceso priorizado de las víctimas y sus familiares a servicios y programas de Gobierno” en esas áreas, el segundo artículo aclara, en cinco puntos, que ello se implementará “de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias con que cuente el país”.
En el rubro salud, la ley prevé “atención médica integral” primaria en salud mental y psicosocial, a personas con discapacidad, y en materia de rehabilitación.
En cuanto a educación, establece la reinserción, de víctimas y familiares, al sistema, para lo cual “recibirán becas de estudio en los distintos niveles educativos del sector público”.
También les garantiza reinserción en el ámbito laboral.
En este sentido, en el rubro “atención en los Laboral y Emprendimientos”, les promete “la generación de empleo productivo y sostenible”, además de que “el Estado apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vida”.
En materia habitacional, el penúltimo punto del artículo segundo les permite optar por los programas gubernamentales de vivienda existentes.
Igualmente, les asegura la posibilidad de “Ocio y Recreación”.
“Las víctimas y sus familiares (…) gozarán del derecho al ocio y recreación”, disfrute para el cual “el Estado garantizará que estas personas puedan acceder a las instalaciones deportivas públicas, centros de recreación públicos y todos los espacios públicos de forma gratuita”, según el quinto punto del mismo artículo.
La ley también prevé que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mantenga un registro de las víctimas.
Le “corresponde (…) organizar y actualizar el registro de víctimas, así como el seguimiento y monitoreo a la atención brindada por todas las instituciones involucradas”, según el tercer artículo.
Las reacciones de diputados opositores, durante el debate, este día, destacaron el tema de que la redacción de la ley deja impunes los crímenes cometidos en el marco de la represión policial y parapolicial antiopositora.
“En el Día de la Madre, mañana, oír que esta iniciativa es el regalo de esta Asamblea para aliviar su dolor, para quienes tienen familiares en las cárceles o para quienes les fueron asesinados sus hijos, es una bofetada”, expresó Azucena Castillo, parlamentaria por el Partido Liberal Constitucionalista.
El hecho de que la ley ignore el tema de las violaciones a los derechos humanos –incluidos crímenes de lesa humanidad, según lo señalado por expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- hace que las disposiciones contenidas en el texto no ofrezca consuelo a las personas afectadas, aseguró.
“El pueblo lo que demanda es que los presos políticos salgan de las cárceles, que se les anulen los juicios”, planteó, además de preguntar: “vamos a comprar la paz y la resignación de las madres de los asesinados, de los que están arrestados? Con una casa van a reparar a una víctima?”, para responder que “no es con unas pocas concesiones que se van a resarcir las heridas de las madres”.
Castillo subrayó que el principal reclamo popular radica en la necesidad de investigación de los crímenes, y de aplicación de la justicia a los responsables.
En ese sentido, su compañero de bancada Miguel Rosales, aseguró que la mejor vía para| resarcir a las víctimas “no es a través de que el victimario quede en la impunidad”, y destacó que, en la ley, “falta un programa de justicia”.
El también liberal Maximino Rodríguez, dijo que la ley es engañosa, ya que los servicios que ofrece son garantizados por la Constitución.
Por ello, los planteamientos, en ese sentido, incluidos en la legislación, “en la práctica, serán, realmente, papel mojado”, y propuso que, “si esta Asamblea Nacional no tiene nada que hacer, mejor cerrémosla”.
También respecto a la ausencia de mención de justicia, Alfredo César, el único diputado por el Partido Conservador (PC) señaló que el texto carece del componente esencial.
“Los muertos, los heridos, los presos políticos, los exiliados, no merecen una ley vacía de lo esencial, que es justicia por la represión desde abril del 2108”, indicó, en alusión al momento en que estalló la crisis sociopolítica nicaragüense.
Por ello, la ley no proporciona tranquilidad a las personas a quienes está formalmente dirigida, señaló.
“Se llama justicia y reparación, pero en ese orden, porque, si no hay justicia, la reparación cae en un saco roto, porque es lo único que pavimenta la paz para los familiares”, reflexionó.
En defensa de la aprobación de la ley, Wálmaro Gutiérrez, diputado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), refutó los señalamientos opositores respecto al tema de justicia, al afirmar que no corresponde, al parlamento, exigir que se investigue las violaciones a ,los derechos humanos y se castigue a la responsables.
“No somos la administración de justicia de este país, para andar diciendo quiénes son los culpables”, planteó.
Nicaragua es escenario de una violenta crisis sociopolítica que, estallada el 18 de abril del año pasado, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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