George Rodríguez EP. El Consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves la creación del Grupo de Trabajo para Nicaragua, asignándole el mandato de aportar a la búsqueda de solución pacífica a la violente crisis sociopolítica que hace más de tres meses afecta a ese país centroamericano.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua advirtió que no permitirá el ingreso, al territorio nacional, del grupo de trabajo.
La aprobación del proyecto de resolución para crear el grupo –promovida por ocho países-, se concretó con 28 votos favorables, mientras cuatro votaron en contra, ocho se abstuvieron y dos no participaron.
Unos cinco, minutos antes de la votación, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, reiteró la posición del gobierno Nicaragua en el sentido de que la sesión extraordinaria llevada a cabo por el Consejo Permanente se realizó sin el consentimiento de esa administración.
Moncada, un militar retirado, advirtió, asimismo, que el gobierno presidido por Daniel Ortega negaría el ingreso del grupo a ese país.
Al señalar que la sesión se llevó a cabo “sin el consentimiento del gobierno (de Ortega)”, advirtió que “nuestro país no recibirá a ninguna comisión de trabajo en nuestro territorio”, y aseguró que “rechazamos, en todas y en cada una de sus partes, esta resolución que no tendrá ninguna validez ni carácter vinculante”.
Tabién afirmó que el Consejo Permanente actuó en contravención de lo establecido en la Carta de la OEA, que le prohíbe interferir en asuntos internos de los países que integran la entidad continental.
“La carta de la OEA establece un límite a sus facultades y una expresa prohibición a interferir en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Dicha prohibición está siendo violentada por algunos estados miembros”, causando “daños y perjuicios al Estado y al pueblo de Nicaragua”, advirtió, además, el canciller.
Según Moncada, un ex embajador de Nicaragua en la organización americana, el consejo actuó en detrimento de los países miembros de la OEA.
“Este tipo de precedente no le conviene a ningún Estado miembro de la OEA”, indicó el ministro, que subrayó que, con la aprobación de la resolución, que creó un grupo de trabajo no solicitado por el gobierno de Ortega, Nicareagua fue víctima de “hostigamiento y linchamiento político”.
La resolución fue impulsada por ocho países –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú-.
Según el contenido del texto, se decidió “crear un Grupo de Trabajo para Nicaragua (…) cuyo mandato será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua”.
El equipo debe coordinar acciones con organizaciones similares, algunas de las cuales ya tienen presencia en ese país.
Por ello, también “coadyuvará al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización, del SICA y de otros actores regionales e internacionales”.
El texto hace referencia al Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) así como a la Comisión Interamericana de Derechos Human os (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
También hace mención del Diálogo Nacional que, promovido por el gobierno de Ortega y con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y garante, fue instalado el 16 de mayo para buscar solución negociada a la crisis.
Sin embargo, a causa de las marcadas discrepancias entre los actores centrales –gobierno y oposición-, las conversaciones están suspendidas –estado en el que han permanecido la mayor parte del tiempo-.
Según la resolución del consejo, el grupo debe presentar, al Consejo Permanente, un informe mensual de labores.
La designación de los integrantes del nuevo equipo de trabajo de la es responsabilidad de la Presidencia del Consejo Permanente, ejercida desde el mes pasado por la embajadora de Costa Rica en la organización continental, Rita Hernández, quien debe cumplir los nombramientos, a más tardar, el 10 de agosto.
La reunión fue convocada “con el objeto de dar seguimiento a la situación en la República de Nicaragua y considerar un proyecto de resolución a solicitud de las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú”, indicó el martes, en un escueto comunicado de tres párrafos, el Departamento de Prensa la OEA.
Sin embargo, la noche anterior, el gobierno de Nicaragua emitió una protesta por la realización de la reunión.
Al presentar su “más enérgica protesta por el Proyecto de Declaración del Consejo Permanente (…) presentado el día 30 de julio de 2018”, a iniciativa de esos ocho países, el representante nicaragüense en la organización, embajador Luis Alvarado indicó que “el gobierno de Nicaragua no acepta la conformación de ninguna comisión especial del Consejo Permanente de la OEA para tratar sus asuntos internos”.
Se trata de una actitud maniobrera e injerencista, que se lleva a cabo sin la anuencia de Nicaragua, aseguró, en la carta de cuatro párrafos que dirigió, también el 30 de julio, a Hernández.
El gobierno nicaragüense “rechaza enérgicamente y denuncia esta maniobra política e injerencista, que, sin el consentimiento de Nicaragua, se está tratando de llevar al plenario del Consejo Permanente (…) en un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado y de violación a nuestra soberanía nacional lo cual rechazamos”, escribió Alvarado.
La administración Ortega desconoce las actividades que ese organismo realice, sin su anuencia, para abordar temas de esa índole, aseguró el diplomático.
La reunión se llevó a cabo al cumplirse dos semanas de la aprobación, por parte del consejo y con el voto favorable de 21 países, de una resolución de condena a la represión y las violaciones a los derechos humanos en el contexto de violenta ingobernabilidad que convulsiona a Nicaragua.
Casi dos tercios de las 35 naciones miembros de la organización continental apoyaron, en la sesión extraordinaria realizada el 18 de julio, la resolución titulada “La Situación en Nicaragua” que, además, expresó preocupación por esa situación.
La violenta crisis sociopolítica nicaragüense, que estalló el 18 de abril –a raíz de fracasadas reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)-, ha cobrado casi 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado fuerte daño económico.
Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido con represión policial y parapolicial antiopositora.
