George Rodríguez EP. El Consejo Nacional de Universidades (CNU) debe aclarar la razón por la cual se ha retrasado la transferencia, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), de su proporción del financiamiento estatal a los centros de enseñanza superior, dijo, en declaraciones difundidas este jueves, el rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina.
Si la UCA fuese la única universidad que sufre el retraso, ello daría lugar a considerar que se trata de una represalia por el apoyo que ese centro educativo ha proporcionado al estudiantado participante en las masivas protestas antigubernamentales que han sido violentamente reprimidas, indicó Medina, citado por medios de comunicación nicaragüenses.
Si tal fuese el caso, “aumentaría la sospecha o creencia de que se trataría de una ‘pasada de cuentas’ por la posición que ha tenido la universidad y los estudiantes haciendo uso de un derecho legítimo que tenemos los nicaragüenses de protestar”, advirtió el rector, quien simultáneamente es catedrático de la UAM.
Medina aludió así al seis por ciento del Presupuesto General de la República que, por disposición constitucional, debe asignarse anualmente a las 10 universidades estatales nicaragüenses.
Para este año, la transferencia global se estableció en 5,227 millones de córdobas (unos 168.6 millones de dólares), de los cuales la UCA debe recibir 32 millones de córdobas (algo más de un millón de dólares), según versiones periodísticas locales.
Al respecto, Medina agregó que, para “cualquier universidad que recibe presupuesto del Estado y que tiene toda su estructura diseñada para funcionar con un aporte importante, el recorte, de un día para otro, causa perturbaciones”.
En ese sentido, informó que la profunda crisis económica nacional, derivada de la violenta crisis sociopolítica que hace más de tres meses convulsiona a Nicaragua, afecta a las universidades, habiendo alterado tanto el calendario académico previsto para este año como los programas de investigación que el sector universitario lleva a cabo en todo el país.
En opinión del académico Carlos Tünnermann, un ex ministro de Educación (1979-1984) –durante el gobierno revolucionario (1979-1990) del nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- y actual integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la denunciada retención presupuestaria tiene características de lo que definió como una condenable represalia.
“Va a perjudicar a muchos estudiantes, empleados, profesores. Sería un perjuicio muy grande para una institución académica que se ha ganado el respeto y la consideración de la sociedad nicaragüense, y que goza de prestigio nacional e internacional”, aseguró Tünnermann.
En un comunicado que emitió el 31 de julio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que, por problemas de liquidez, ha retenido, en el caso de la UCA, el desembolso proporcional del seis por ciento constitucional.
Por su parte, la UCA informó, el mismo día, también mediante un comunicado, que la acción gubernamental obligó a las autoridades de ese centro educativo a suspender contratos laborales en agosto.
En alusión a la retención de los fondos, la universidad indicó que “el CNU nos ha informado que esto último se debe a problemas de liquidez del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
La decisión, prevista para durar mientras se supera la crisis nacional, constituye una medida de austeridad, ya que la retención gubernamental se sumó a la dificultad que, fruto de la situación del país, la universidad enfrenta en materia de captación de ingresos propios, según se indicó en el comunicado.
Al igual que otros centros universitarios, la UCA ha sido blanco de ataques, por parte de simpatizantes gubernamentales armados, contra sus instalaciones, además de que integrantes de su estudiantado han sido agredidos, situación similar a las que han enfrentado otras universidades.
En ese contexto, el rector de la UCA, el padre jesuita José Idiáquez –integrante de la alianza opositora-, ha sido objeto de amenazas por su participación en el Diálogo Nacional en procura de solución negociada a la crisis nicaragüense.
Convocado por el gobierno, y con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, el diálogo está suspendido a causa de las intransigentes posiciones de los actores centrales en las conversaciones: el gobierno y la multisectorial alianza de oposición.
Las amenazas contra Idiáquez condujeron al padre provincia de los jesuitas en Centroamérica, Rolando Alvarado, a responsabilizar, en junio, al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, “de cualquier agresión o atentado que pudiera sufrir el padre José Alberto Idiáquez”.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la crisis nicaragüense ha implicado una escalada de violencia policial y parapolicial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.
En algo más de tres meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado casi 450 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de masivos daños infraestructurales y económicos.
