George Rodríguez EP. La vicepresidenta del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) embajadora de Costa Rica en la entidad continental, Montserrat Solano, informó este sábado que realiza consultas respecto a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, en el caso de la crisis nicaragüense.
Ello, tras haber recibido, el viernes, una solicitud, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, enmarcada en el artículo 20 de la carta, solicitando la inmediata convocatoria a sesión del consejo, para bordar es situación, indicó Solano, en breves declaraciones difundidas por la cancillería costarricense.
“El viernes, por la tarde, recibimos la nota por parte del secretario general, para activar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana (…) como corresponde, ha sido circulada entre los representantes de los estados miembros, y, desde ese momento, se iniciaron las consultas y gestiones, entre los estados, y las conversaciones, para identificar los pasos necesarios para avanzar en la activación”, expresó la diplomática.
En la nota, Almagro indicó que es necesario abordar lo que describió como la alteración del orden constitucional en Nicaragua.
“Le solicito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la convocatoria inmediata de una sesión del Consejo Permanente para considerar la situación en Nicaragua”, en virtud de que “se ha producido allí una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”, indicó el secretario general, en el texto de poco más de dos páginas.
Ante tal contexto, urge que el organismo evalúe la situación, señaló.
“El Consejo Permanente deberá con urgencia realizar una apreciación colectiva de la situación con el fin de adoptar las decisiones que estime convenientes”, precisó Almagro, un ex canciller uruguayo.
Entre otros hechos que ameritan la reunión solicitada, Almagro mencionó la expulsión, el 19 de diciembre, por parte de la cancillería nicaragüense, de los dos equipos de trabajo con los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contaba en Nicaragua –el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni)-.
La cancillería también decidió, en esa fecha, suspender las visitas de la CIDH, al país.
Almagro indicó, en la carta a Solano, que esos mecanismos han constituido esfuerzos llevados a cabo por la OEA por proporcionar, al gobierno nicaragüense, asistencia en la búsqueda de solución a la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de ocho meses golpea a ese país centroamericano, iniciativas que fueron rechazadas por esa administración.
Como componente de la grave situación que registra Nicaragua, el secretario general señaló las constantes violaciones a los derechos humanos, por parte del régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
El artículo 20 de la carta índica que, “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
De acuerdo con la situación de que se trate, el consejo podrá disponer que se lleve a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país afectado.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, indica, asimismo.
El artículo reafirma que, durante el proceso, se llevará a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Almagro formuló la solicitud de sesión un día después de que el Consejo Permanente de la OEA se reunió para abordar la crisis nicaragüense.
Durante esa Sesión Especial, llevada a cabo el 27 de diciembre, la CIDH presentó, al consejo, el documento del Giei titulado “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018” -cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis-.
La dramática situación nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado por lo menos 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
