George Rodríguez EP. Los ciudadanos de Nicaragua radicados en la capital de Estados Unidos y alrededores fueron citados este lunes, por la Asociación Cívica Nicaragüense (ACN), a realizar un plantón, esta semana, frente a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en esa ciudad.
La actividad está programada para cumplirse el 11 de enero, fecha para la cual está convocado el Consejo Permanente de la OEA con el propósito de continuar abordando la violenta crisis sociopolítica que hace más de ocho meses golpea a Nicaragua.
Al dirigirse a “nicaragüenses y comunidad internacional del área de Washington DC, Maryland, Virginia y sus alrededores”, la ACN indica, en un volante, que “les invita a un Plantón en apoyo al Pueblo Nicaragüense, en el Edificio de la OEA en Washington DC”.
La actividad está programada para iniciar a las 0900 hora local, una hora antes del comienzo de la sesión, según lo indicado en el breve texto, ilustrado con el dibujo de un hombre ondeando una bandera de Nicaragua, y, en el ángulo superior izquierdo, el mapa del país pintado con las franjas horizontales de la bandera –azul, blanca, azul, con el escudo nacional en medio-.
La sesión del consejo se llevará a cabo “por los acontecimientos en nuestro sufrido país –Nicaragua-, a causa de la represión del régimen Ortega/Murillo”, indica, además, la ACN, agregando que “te esperamos contamos con tu solidaridad a nuestros hermanos nicaragüenses. Por un país libre de dictador, donde tenga el pueblo justicia, paz y democracia”.
El texto alude así a Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, respectivamente, presidente y vicepresidenta de Nicaragua.
La solicitud de convocatoria inmediata a la reunión del Consejo Permanente fue formulada el 28 de diciembre, mediante nota a la presidencia del consejo –entonces ejercida por Costa Rica-, por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien planteó que, en Nicaragua, “se ha producido allí una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”.
Ante tal contexto, es necesario que el organismo evalúe la situación, señaló Almagro.
“El Consejo Permanente deberá con urgencia realizar una apreciación colectiva de la situación con el fin de adoptar las decisiones que estime convenientes”, precisó.
La convocatoria se concretó el 3 de enero, por parte de la presidencia del organismo –ahora desempeñada por El Salvador-.
En el texto de seis líneas, la presidencia indicó que, “por solicitud del Secretario General de la Organización (…) convoca a una sesión extraordinaria del Consejo para el viernes 11 de enero de 2019, a las 10:00 a.m., en el Salón Simón Bolívar con el objeto de ‘Considerar la situación en Nicaragua’”.
Almagro formuló la solicitud de sesión un día después de que el Consejo Permanente de la OEA se reunió para abordar la crisis nicaragüense.
Durante esa Sesión Especial, llevada a cabo el 27 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, al consejo, el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) titulado “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018” -cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis-.
El Giei y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) son los dos equipos de trabajo con los que la CIDH contó en el terreno, en Nicaragua.
Ambos fueron expulsados el 19 de diciembre, por decisión de la cancillería nicaragüense, la que, simultáneamente, suspendió las visitas de la CIDH, del país centroamericano.
La dramática situación nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen Ortega-Murillo ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
