George Rodríguez EP. El Proyecto de Ley de Reconciliación Nacional, promovido por el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, constituye una estrategia para neutralizar las críticas de la comunidad internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la persistente represión antiopositora, y un esfuerzo por que esos delitos, permanezcan impunes, advirtió este jueves la opositora Unión de Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica (UNE-CR).
La iniciativa gubernamental “no es más que una estrategia de la dictadura para tratar de revertir el repudio internacional y lograr que todos los crímenes de lesa humanidad, ejecutados por la policía Orteguista, los paramilitares y las fuerzas de choque de las turbas sandinistas, queden en la impunidad”, señaló la UNE-CR, en un comunicado.
El proyecto, anunciado la semana pasada por la esposa de Ortega y vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo –quien indicó que, para elaborarlo se cumple un amplio proceso de consulta-, es jurídicamente inviable, advirtió la agrupación, en el texto de cinco párrafos emitido en San José, la capital costarricense.
Al repudiarlo, la UNE-CR indicó que el proyecto de ley es “una aberración jurídica (…) que impulsa la dictadura bicéfala Ortega Murillo, responsable de más de 500 asesinatos de ciudadanos, que se habían sumado a lucha cívica por la justicia y la democracia que se libra desde el 18 de abril del presente año”.
La organización opositora aludió así a la violenta crisis sociopolítica que, a partir de esa fecha, golpea a Nicaragua, y aseguró que el diálogo constituye la vía idónea para lograr la reconciliación en la polarizada sociedad nicaragüense.
“Consideramos que la única forma de lograr una verdadera reconciliación de la familia nicaragüense es llevar ante los tribunales integrados por expertos internacionales, a todos los que han participado de forma directa e indirecta en las masacres y asesinatos contra la población civil, que ha protestado pacíficamente en las marchas antigubernamentales”, planteó.
La superación de la polarización social que registra Nicaragua no es viable mediante legislación favorable al gobierno, advirtió la UNE-CR.
“La reconciliación en este contexto de crisis social y política que vive nuestro país no se alcanza con decretos o leyes amañadas, porque el derecho internacional establece claramente que las amnistías no pueden favorecer a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad”, planteó.
El clamor popular señala que la solución a la crisis nicaragüense pasa por componentes tales como el anticipo de las elecciones programadas para 2021, lo mismo que la salida de la familia gobernante, aseguró la organización.
“Los nicaragüenses exiliados en Costa Rica y todo el pueblo de Nicaragua, exigimos que se vaya la familia Ortega Murillo, que los crímenes no queden en la impunidad y que se restablezca un verdadero Estado democrático, mediante elecciones adelantadas, ordenadas y transparentes”, indicó la UNE-CR, y agregó que “sin justicia no puede haber reconciliación”.
La organización de opositores en el exilio fue fundada el 30 de octubre, en San José, con el propósito de luchar por el restablecimiento de la democracia en ese país centroamericano, indicaron sus promotores, en Proclama que firmaron entonces.
La UNE-CR constituye “una plataforma de lucha en pro de la defensa de los derechos humanos, el restablecimiento de la democracia, la justicia, la libertad y el estado de derecho en Nicaragua”, plantearon, en el documento de casi cuatro páginas.
La agrupación es multisectorial, y está constituida por nicaragüenses radicados durante años en Costa Rica –país que comparte frontera terrestre de 309 kilómetros con Nicaragua- lo mismo que por quienes han abandonado su país de origen en el marco de la violenta crisis sociopolítica que loa golpea, señalaron.
La unión es “democrática, pluralista, apartidaría, representativa de los diferentes sectores de la sociedad civil, gremios, movimientos sociales y políticos que han salido al exilio y de los ciudadanos de la diáspora nicaragüense ya radicados en CR”, expresaron.
Los firmantes también acordaron declarar a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización activa dentro de Nicaragua, como interlocutor de la UNE-CR en la búsqueda de solución negociada a la dramática situación nicaragüense.
La UNE-CR emitió el comunicado en el marco de la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos, pero la respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial.
La dramática situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
