George Rodríguez EP. La tradicional procesión de Cristo Sacramentado, que se lleva a cabo hace medio siglo el 1 de enero en Managua, fue suspendida este año a raíz de que los organizadores recibieron información de posibles incidentes, informó, en declaraciones publicadas este miércoles, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes.
La información fue recibida mediante comunicaciones telefónicas, lo que determinó, para este año, la suspensión de la caminata y la realización, solamente, den una misa campal frente a la Catedral Metropolitana de Managua, la capital nicaragüense, indicó el sacerdote.
La decisión fue tomada “porque podrían haber tensiones durante el recorrido”, explicó Brenes.
El cardenal, quien también es Arzobispo de Managua, dijo que los informantes, a quienes se abstuvo de identificar, no precisaron el tipo de posibles tensiones, pero que quizá se trataba de disturbios.
“Que podría haber choques, me imagino yo”, respondió Brenes, cuando periodistas le solicitaron mayor precisión al respecto.
El cardenal no enfatizó el hecho de que, desde antes del inicio de la misa campal, llevada a cabo la tarde del martes, frente a la catedral, el área fue rodeada por decenas de agentes policiales antidisturbios.
“Yo pienso que ellos estaban haciendo sus funciones”, expresó, sin detallarlas, y aclaró que “no quiero pensar mal”.
Brenes precisó que se contaba con autorización para que la procesión se llevase a cabo, e indicó que, este año, además de celebrar la Solemnidad de Santa María Reina de la Paz, como habitualmente ocurre, la caminata –que se efectúa desde 1968- marcaría, igualmente, la 52 Jornada Mundial por la Paz.
En ese sentido, al inicio de la misa, el vicario episcopal de Pastoral de la Arquidiócesis de Managua, el sacerdote Boanerges Carballo, explicó a los fieles congregados para la actividad, que la suspensión de la procesión fue decidida “por la seguridad y el bienestar de los fieles”.
La misa se llevó a cabo en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace más de ocho meses golpea a ese país centroamericano, situación caracterizada por la permanente represión policial y parapolicial de toda expresión de disenso respecto al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Estallada el 18 de abril en ese país centroamericano ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado masiva migración, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas en general-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-.
Medios de comunicación y periodistas independientes, así como organizaciones no gubernamentales –particularmente las defensoras de los derechos humanos-, han sido los objetivos más recientes de esta modalidad represiva.
