George Rodríguez EP. El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó que aguarda respuesta, de la Policía Nacional, a la solicitud de autorización que formuló para realizar, el 10 de diciembre, una marcha conmemorativa del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se trata de una actividad que el Cenidh lleva a cabo anualmente, aunque la convocatoria para este año, realizada el fin de semana, se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que hace más de siete meses afecta a Nicaragua, indicó, a la agencia de noticias Acan-Efe, una portavoz de la entidad.
La solicitud fue formulada nueve días después de que la Policía Nacional rechazó similar pedido de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
La fuerza policial dio a conocer, el 23 de noviembre, la Resolución firmada por el jefe de su Dirección de Seguridad Pública, el comisionado general Luis Fernando Barrantes, mediante la cual fue rechazada la solicitud.
La medida responde a que se trata de personas cuyo objetivo consiste en promover actos de terrorismo, además de que son investigadas por haber participado en el intento golpista, agregó.
El comisionado utilizó la definición de intento golpe de Estado que las autoridades nicaragüenses dan a las masivas marchas pacíficas y otras expresiones antigubernamentales que son reprimidas por efectivos policiales –principalmente antidisturbios- y grupos progubernamentales armados.
La UNAB anunció, un día después, la suspensión de la marcha, por razones de seguridad, rechazó las acusaciones incluidas en la resolución policial.
Al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, planteó el 25 de noviembre la necesidad de insistir en la realización de manifestaciones pacíficas para apoyar demandas.
A su vez, las autoridades deben permitir la realización de tales actividades, indicó Brenes, en alusión a la prohibición policial que impidió la realización de la marcha opositora para marcar el día de la no violencia contra las mujeres, y para exigir la liberación de los detenidos políticos.
La violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua, estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos, pero la respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial.
La dramática situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado la masiva emigración de nicaragüenses, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
