George Rodríguez EP. Sanciones, como las anunciadas por Estados Unidos, contra autoridades e instituciones de Nicaragua, continuarán registrándose mientras el régimen del presidente Daniel Ortega mantenga la represión y las violaciones a los derechos humanos, advirtió, en declaraciones publicadas este jueves, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
Las acciones, aplicadas el miércoles, a Laureano Ortega –hijo del mandatario y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo- y al Banco Corporativo SA (BanCorp) –que el régimen procuraba convertir en el estatal Banco Nacional (BN)-, constituyen un revés al régimen, indicó, por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro.
“Hemos venido señalando, una y otra vez, que, mientras el gobierno no cese la represión, no devuelva los derechos a todos los nicaragüenses, y no cumpla con lo acordado con la Alianza Cívica, las sanciones van a continuar”, vaticinó Aguerri, al periódico local El Nuevo Diario (END).
El máximo líder del empresariado nicaragüense aludió así a los acuerdos logrados en el marco de la compleja negociación que, desde el final de febrero, el régimen orteguista y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), desarrollan para dar solución a la violenta crisis sociopolítica que hace, hoy, exactamente, un año afecta al país centroamericano.
Entre los acuerdos aludidos por Aguerri, figuran los suscrito el 29 de marzo, referidos a liberación de los centenares de presos políticos y a restitución de garantías constitucionales.
El empresario se refirió, asimismo, a la ley, aprobada el 8 de marzo, por la Asamblea Nacional –parlamento unicameral-, para convertir, al privado BanCorp en el estatal BN.
“En relación con la sanción al BanCorp y a la operación que pretendía convertir a este banco en un banco del Estado, ya habíamos señalado que esto no iba a funcionar, porque el gobierno americano iba a ajustar la sanción para incluir al banco estatal, que es lo que hicieron”, explicó Aguerri, para agregar que, “con esta sanción, el banco estatal prácticamente se quedó sin nacer”.
Por su parte, Chamorro, aseguró, también a END, que lo actuado por el gobierno estadounidense constituye un revés lo mismo para el régimen orteguista, en cuanto a la cooperación aportada por el régimen del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, uno de los principales aliados internacionales de Ortega.
“Es una sanción directa al BanCorp, y, por lo tanto, a los accionistas del banco”, señaló el director de Funides, en cuya opinión, “en todo caso, es un mensaje clarísimo de una sanción a la institución que ha servido como financiadora de toda la cooperación venezolana, y es un golpe bastante duro”, para el régimen de Ortega, por lo que sus autoridades “van a tener que diseñar una estrategia para resolver ese problema”, reflexionó Chamorro.
El experto planteó que, no obstante su magnitud, la acción estadounidense era esperada.
Se trata de “consecuencias de las sanciones internacionales que se están dando”, expresó, para agregar que “contra BanCorp, ya se esperaba esa sanción, porque es una institución corrupta”.
El Departamento de Estado norteamericano informó, el miércoles que, mediante la acción, enmarcada en una Orden Ejecutiva (Executive Order, EO), congeló todo bien que tanto Laureano Ortega como Bancorp posean en territorio estadounidense.
Por su parte, al informar, simultáneamente, al respecto, el subsecretario del Tesoro para Inteligencia sobre Terrorismo y Financiera, Sigal Mandelker, precisó las razones de la sanción.
“El Tesoro está sancionando, a Laureano Ortega Murillo y a BanCorp, por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para lucro personal del régimen de Ortega”, por lo que “estas acciones envían un mensaje, a todos quienes continúen apoyando al régimen de Ortega, que existe un alto precio a pagar por abusar de la economía nicaragüense y su pueblo”, advirtió el funcionario, citado en el extenso comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En el texto, emitido el miércoles, el departamento explicó, detalladamente, el alcance y el contexto de las| sanciones, lo mismo que el papel, en tales acciones, de su Oficina de Control de Bienes Foráneos (Office of Foreign Assets Control, OFAC).
“Como resultado de las acciones de hoy, cualquier propiedad o interés en propiedad de estas personas, y de cualquier entidad de las que estas personas sean propietarias directas o indirectas, en 50 por ciento o más, que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben comunicarse a la OFAC”, agregó el Departamento del Tesoro.
En ese sentido, los ciudadanos estadounidenses tienen, además, prohibido realizar transacciones con esas propiedades, planteó, además.
“Las regulaciones de la OFAC por lo general prohíben toda transacción, por parte de personas estadounidenses dentro de –o en tránsito por- Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés en propiedad de las personas bloqueadas o designadas”, precisó.
En cuanto a BanCorp, el departamento describió al banco como una estructura de apoyo a Murillo, a su vez, sancionada el año pasado por la dependencia gubernamental.
Se decidió sancionar a esa entidad bancaria nicaragüense “por haber materialmente asistido, patrocinado, o proporcionado apoyo financiero, material, o tecnológico a, o bienes y servicios en apoyo de la vicepresidenta Rosario Murillo, una persona cuyas propiedades y cuyos intereses en propiedad están bloqueados según la EO 1385”, y por haber actuado de igual manera respecto a “cualquier transacción o serie de transacciones que hayan implicado corrupción por, o en nombre de, o de alguna manera relacionada con el Gobierno de Nicaragua o algún actual alto funcionario del Gobierno de Nicaragua”, señaló.
BanCorp fue creado como estructura financiera subsidiaria de la empresa Alba de Nicaragua SA (Albanisa), financiada por el gobierno venezolano, y, en tal contexto, fue usado para legitimar y ocultar fondos de Albanisa, agregó.
“Se ha denunciado que BanCorp es también usado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del presidente Ortega para lavar dinero”, además de que, “desde 2018, BanCorp ha sido un santuario para personas sancionadas por OFAC, permitiendo que individuos designados sigan disfrutando de privilegios bancarios y de su riqueza ilícitamente obtenida”, puntualizó.
En cuanto a Laureano Ortega, el departamento lo describió como un alto funcionario del régimen encabezado por su padre y su madre.
“En su papel como el asesor de Promoción de Inversiones de la agencia gubernamental nicaragüense ProNicaragua, Laureano actúa como una extensión del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, supervisando propuestas y proyectos de inversión”, señaló.
En esa posición, Laureano Ortega incurrió en actos de corrupción, planteó.
“Sin embargo, en 2018, Laureano incurrió en corruptas transacciones de negocios en las cuales inversionistas extranjeros pagaban por acceso preferencial a la economía nicaragüense”, entre otras actividades ilícitas, agregó.
Las sanciones fueron anunciadas un día antes de cumplirse un año desde el inicio de la violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua.
Estallada el 18 de abril, la dramática situación nicaragüense ha generado centenares de víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente, a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega y Murillo, así como cualquier otra expresión de oposición, han sido objeto de fuerte represión por parte de agentes policiales –principalmente, antidisturbios- y fuerzas parapoliciales actuando en conjunto.
La represión antiopositora, que se lleva a cabo lo mismo masivamente -contra marchas callejeras y otras actividades públicas- que selectivamente -mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, se ha centrado, más frecuentemente, en medios de comunicación y periodistas independientes así como en organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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