George Rodríguez EP. Los cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), para ayudar en el proceso de investigación de hechos violentos en la presente crisis política nicaragüense, cuentan con experiencia en temas tales como solución de situaciones de crisis, restablecimiento democrático, impunidad, entre otros, según informó este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se trata de Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz, Pablo Parenti, indicó la CIDH, en un comunicado.
Los cuatro expertos son “personas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos”, aseguró la entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el texto dado a conocer en Managua, la capital nicaragüense.
Incalcaterra, quien se desempeñó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) -como Representante Regional para América del Sur, como representante en México y Guatemala, y como Director Adjunto en Colombia-, también fue comisioado adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Además, participó en operaciones de mantenimiento de la paz en Centroamérica, y fue asesor del Departamento de Asuntos Políticos y el Departamento de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.
Por su parte, Macher es una socióloga quien, entre otras responsabilidades, participó, en representación de la sociedad civil, en la Mesa de Diálogo de la OEA para el restablecimiento democrático en Perú, fue presidenta del Consejo de Reparaciones del Estado Peruano, e integró las comisiones de la Verdad en Perú en Islas Salomón, respectivamente.
En el caso de Paz y Paz, se trata de una académica, jueza y especialista en derechos humanos, quien participó, durante más de dos décadas, en esfuerzos por fortalecer el sistema judicial guatemalteco.
Respecto a Parenti, la CIDH informó que es un abogado quien, en Argentina, se desempeña como fiscal federal, con especialización, hace dos décadas, en crímenes contra la humanidad, además de que se desempeñó como coordinadora de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal de la Nación (2007-2012).
Desde 2012, Parenti encabeza la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado en Argentina, dependencia de la Procuración General de la Nación.
El GIEI fue creado por acuerdo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, firmaron el 30 de mayo, en la sede de la organización continental, en Washington.
El Grupo de trabajo tiene “la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para la investigación de los hechos de violencia, y, entre otros cometidos, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”, según el acuerdo.
El convenio de cuatro páginas fue firmado por el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, junto con el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.
Moncada es, además, el jefe de la delegación gubernamental en el Diálogo Nacional que, convocado por la administración Ortega y mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), apunta a lograr una solución negociada a la violenta crisis política que hace más de dos meses convulsiona a ese país centroamericano.
Instalado el 16 de mayo, el complejo diálogo –en el cual la parte opositora está representada por la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- ha sido reiteradamente interrumpido a causa de la inflexibilidad de las posiciones que presentan las dos partes en pugna.
Estallada el 18 de abril, a raíz de fracasadas reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la violenta crisis política nicaragüense ha cobrado más de 200 vidas y generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, a causa, principalmente, de la represión policial y parapolicial antiopositora.
