Nicaragua: gobierno informa que su delegación llegó a la sede de la negociación

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George Rodríguez EP. La delegación gubernamental en la negociación para superar la crisis que afecta a Nicaragua se hizo presente en las instalaciones donde el diálogo viene desarrollándose con la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), informó, este lunes, el gobierno, en un comunicado.

El grupo de trabajo lo hizo con responsabilidad, y comprometido con el desarrollo de las conversaciones, aseguró, en el texto de seise páginas emitido por la cancillería nicaragüense, cuyo titular, Denis Moncada, encabeza la representación gubernamental.

“La Delegación del Gobierno de Nicaragua, en la Mesa de Negociación para la búsqueda del Entendimiento y la Paz en Nicaragua, se ha hecho presente responsablemente, el día de hoy Lunes 11 de Marzo a las 10 de la mañana en las instalaciones del INCAE”, precisó.

Se trata de la sede nicaragüense del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en las afueras de Managua, la capital nacional.

“La Delegación del Gobierno de Nicaragua, ratifica el compromiso del Estado nicaragüense de continuar desarrollando las Sesiones de Trabajo para avanzar y consensuar la Agenda, aprobada entre ambas Delegaciones, el día 5 de Marzo de 2019”, agregó la cancillería.

También enumeró la propuesta de puntos de agenda que el gobierno ha dado a conocer.

“El día 9 de Marzo, el Gobierno de Nicaragua presentó públicamente, Puntos de Agenda para la Mesa de Negociación”, los que comprenden “Justicia y Reparación para seguir consolidando la Paz, Seguridad y Estabilidad en Nicaragua”, además de “Liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de Abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados y los juzgados. Se revisarán sus expedientes, situación que no conlleve a la impunidad”, y “Continuar fortaleciendo las Libertades, Derechos y Garantías establecidas en la Constitución Política de la República”,  puntualizó.

El comunicado gubernamental fue emitido luego de la ACJD informó, el domingo, que decidió condicionar su permanencia, en las conversaciones , a que la parte gubernamental dé muestras de voluntad política en cuanto a la búsqueda de solución a la crisis nacional.

“La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retomará su asistencia a la Mesa de Negociación una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz”, indicó la agrupación opositora, en un comunicado.

Ello incluye, entre otros temas, la liberación de los presos políticos, planteó la ACJD, en el texto de cinco párrafos.

“Entre estas muestras están: libertad de presos políticos, cese de la represión y los secuestros”, así como “plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y brindando pronta asistencia médica a reclusos”, además de “cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos”, precisó.

También informó que se mantendrá en consulta con diferentes sectores locales.

“La Alianza Cívica continuará su proceso de consulta interna y externa con diversos actores, entre ellos, familiares de presos políticos y diversas organizaciones de la sociedad civil”, aseguró.

Además, indicó que procurará reunirse, bilateralmente, con el enviado especial de la Secretaría General (SG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Nicaragua, Luis Ángel Rosadilla.

La ACJD emitió el comunicado, antes del inicio, este lunes, de lo que habría sido la novena jornada de la negociación gobierno-alianza, y dos días después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) rechazó la invitación, de ambas partes, a ser testigo y acompañante del diálogo.

Los obispos hicieron pública su respuesta tres días después de que gobierno y alianza informaron, el 5 de marzo, mediante un breve comunicado conjunto, respecto a la invitación formulada, por escrito, a dos líderes católicos y uno evangélico.

Los destinatarios de las respectivas cartas de invitación fueron el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag –en calidad de testigo y acompañante internacional-, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, y el coordinador de Pastores Interdenominacionales Unidos por la Nación, pastor Ulises Rivera –ambos, como testigos y acompañantes nacionales-, de acuerdo con lo que las partes informaron entonces.

Las invitaciones fueron extensivas, extensivas, en el caso de Sommertag, al secretario de la Nunciatura Apostólica en Nicaragua, Andrea Piccioni, y en los casos de Brenes y Rivera, respectivamente, a dos asesores, indicaron.

Sommertag ha asistido, cotidianamente, a las deliberaciones.

La negociación gobierno-ACJD inició el 27 de febrero, en presencia de Brenes y Sommertag, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.

Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.

Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, el diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre las partes.

Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.

Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

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