George Rodríguez EP. El régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, aseguró, este lunes, que no es responsable del impase en que se encuentra la negociación que procura dar solución a la violenta crisis sociopolítica que hace casi un año afecta a Nicaragua.
No obstante las interrupciones que ha registrado el diálogo iniciado al final de febrero, la representación gubernamental ha concurrido, ininterrumpidamente, a la sede de las conversaciones, aseguró, la delegación, en una Nota de Prensa difundida por la cancillería nicaragüense.
“Es importante aclarar que ningún impase o retraso ha sido responsabilidad de nuestra Representación”, marco en el cual “la Delegación del GRUN (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional), ante la Mesa de Negociación no ha dejado de presentarse cumplidamente, ni un sólo día, a la Sede de las Conversaciones, o a otros espacios donde también hemos sido y somos convocados para Conversaciones o Pre-Acuerdos”, indicó, en el texto contenido en cuatro páginas.
El equipo negociador enumeró los acuerdos logrados y los puntos de agenda pendientes de abordaje, y se declaró en disposición de lograr nuevos acuerdos.
“Esta Semana -de Lunes 8 a Viernes 12- daremos continuidad, en todos los espacios propuestos, a las discusiones necesarias para llegar a nuevos Acuerdos”, expresó, además de indicar que “ratifica la Voluntad y el Compromiso del Estado y el Gobierno de Nicaragua, de avanzar en las conversaciones”.
Los negociadores gubernamentales precisaron que los avances en el diálogo con la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) incluyen la aprobación, mediante consenso, de cuatro temas: Hoja de Ruta para las conversaciones, Agenda de la Negociación, Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías, Acuerdo sobre liberación de presos con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
También detallaron los cuatro temas pendientes, en los que no se ha logrado consenso –lo que generó el impase actual-: Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Fortalecimiento de la Democracia y Reformas Electorales, Mecanismos de Implementación de los Acuerdos.
La Nota de Prensa fue difundida una semana después de que la delegación negociadora de la ACJD denunció, ante los dos testigos y acompañantes internacionales de las conversaciones, el incumplimiento gubernamental de los acuerdos firmados en el marco de las conversaciones bipartitas.
El incumplimiento se materializó en la represión policial y parapolicial lanzada el 30 de marzo, contra manifestantes opositores pacíficos, en Managua, la capital nacional, y otras ciudades, indicó, en carta dirigida, el 1 de abril, a ambos testigos –respectivamente, Waldemar Stanislaw Sommertag, representante del Vaticano, y Luis Ángel Rosadilla, representante de la Secretaría General (SG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)-, la representación opositora.
Se trata, específicamente, de la Agenda de Negociación, aprobada el 20 de marzo –diez días antes del incidente- por las representaciones, documento que incluyó, en su primer punto, el Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías, cuyo sétimo ítem se refiere a Derechos Políticos.
Ese ítem plantea, entre otros aspectos, “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento con la Constitución y las Leyes de la materia”, derecho cuyo ejercicio, cumplidos los requisitos de ley, será autorizado por la Policía Nacional, también “se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”, y “se reconoce plenamente el derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la Bandera Nacional, de acuerdo a la Constitución y la ley de la materia”.
La alianza denunció, en la carta, que, contraviniendo esos puntos de acuerdo, el gobierno, a través de la Policía Nacional y grupos parapoliciales, reprimió a grupos de opositores quienes, principalmente en centros comerciales, llevaron a cabo, en Managua y otras ciudades, principalmente en centros comerciales, una variante de protesta denominada “Sentada Nacional”.
Inicialmente programado para finalizar el 28 de marzo, el proceso de negociación bipartito se extendió, por acuerdo de ambas partes, hasta el 3 de abril, no obstante lo cual, no fue posible lograr acuerdo en los cuatro puntos clave.
Al respecto, las partes emitieron una breve Nota de Prensa, en la que indicaron que “la Mesa de Negociación considera necesario darse un tiempo para reflexionar y hacer consultas hasta lograr las condiciones que permitan retomar el debate sobre dichos temas”, y agregaron que, entretanto, las delegaciones trabajaran respecto al tema de la liberación de los presos políticos.
Las presentes deliberaciones gobierno-ACJD iniciaron el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la dramática situación nicaragüense.
Las primeras conversaciones, entre el gobierno y una considerablemente más amplia representación opositora, fueron inicialmente promovidas por el régimen de Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril –hace casi un año-, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
