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George Rodríguez EP. Mientras en Nicaragua no se desmantele las estructuras de represión, la negociación entre el gobierno y sectores de oposición carecerá de efectividad, plantearon, este jueves, defensores nicaragüenses de derechos humanos, exiliados en Costa Rica.

La liberación de los centenares presos políticos, encarcelados por su oposición al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y cuya excarcelación es exigida por la población del país centroamericano, debe ocurrir de inmediato, agregaron, en un comunicado, los activistas, quienes constituyen el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca +”.

“Consideramos, que mientras no se desmantelen las estructuras que han cometido crímenes de lesa humanidad y represión sistemática, el diálogo o negociación solo será una ilusión y maniobras del régimen para ganar tiempo, evitar sanciones y conservar el poder ilegítimo en la más absoluta impunidad, violando así el derecho de las víctimas”, indicaron, en el texto de ocho párrafos difundido mediante la red social Facebook.

En ese sentido, el grupo expresó preocupación en cuanto al desarrollo de la negociación entre el gobierno orteguista y la multisectorial y opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que este jueves cumplió su novena jornada de deliberaciones.

El colectivo “se dirige al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional, a fin de expresar nuestra preocupación con respecto a la supuesta negociación dirigida a resolver la grave crisis política, consecuencia de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cuyo responsable es el Estado de Nicaragua”, señalaron los activistas, agregando que los centenares de presos políticos son “sometidos a todo tipo de malos tratos, torturas y a procesos (judiciales) arbitrarios”.

La agrupación destacó la exigencia popular de que la puesta en libertad de todos los presos políticos constituye una condición imprescindible para el desarrollo de conversaciones como las que desarrollan, desde el final de febrero, el gobierno y la alianza.

“La sociedad nicaragüense, los presos y presas políticas junto a sus familiares, en una lucha firme, digna e incansable han demandado claramente que para iniciar cualquier diálogo o negociación es esencial que de previo sean liberados plena y totalmente, así como el cese de la represión, el restablecimiento de los derechos que prácticamente están suspendidos y condiciones de garantías para el retorno seguro de los miles de nicaragüense en el exilio”, señaló.

Sin embargo, la respuesta del régimen ha consistido en acciones de represión selectiva, resultantes en centenares de detenciones, principalmente de jóvenes, planteó el colectivo.

“No obstante, contrario a devolver al pueblo un clima de tranquilidad, el Estado ha intensificado la represión, incrementando a diario las detenciones de jóvenes en diferentes localidades, mientras, simultáneamente habla de dialogo, reconciliación y paz”, advirtió.

En tal contexto, la exigencia de excarcelación de los detenidos constituye una posición justa, aseguró la agrupación.

El colectivo “se suma al clamor del pueblo nicaragüense y considera justa la posición de los presos políticos y la de sus familiares, en ese sentido demandamos el cese de la represión, la libertad inmediata plena y total de los presos y presas políticas, el restablecimiento de los derechos humanos que se mantienen suspendidos”, sin lo cual no es viable “una solución real, estable y definitiva”, de acuerdo con lo precisado en el texto.

El comunicado fue difundido desde| San José, la capital costarricense, mientras en Managua, la capital nicaragüense, las delegaciones gubernamental y de la alianza reiniciaban el proceso negociador momentáneamente interrumpido el 8 de marzo.

De acuerdo con lo que indicaron en el comunicado conjunto que emitieron el miércoles, para continuar las conversaciones, las partes acordaron que “el jueves 14 de marzo, se reiniciará el trabajo de la mesa de negociación”, y coincidieron en que “existe conciencia y acuerdo en el conjunto de los integrantes de la mesa de que el viernes 15 de marzo del año en curso se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas”.

La negociación gobierno-ACJD inició el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.

Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.

Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre las partes.

La creación del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca +”  fue anunciada el 18 de febrero, en conferencia de prensa llevada a cabo en un hotel en San José, por integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exiliados en Costa Rica.

Uno de cuyos propósitos centrales de la organización radica en la documentación de violaciones a las garantías fundamentales sufridas por miles de nicaragüenses quienes también han procurado protección en territorio costarricense, informaron.

Es necesario mantener la memoria histórica de lo que está ocurriendo en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace diez meses golpea a Nicaragua, plantearon, durante el diálogo con periodistas locales e internacionales.

Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.

Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

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