George Rodriguez EP. El Estado de Nicaragua está incurriendo en incumplimiento de su deber de desmantelar los grupos parapoliciales que reprimen a manifestantes opositores e irrumpen violentamente en ciudades y comunidades a nivel nacional, indicó este domingo el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão.
En tal contexto, se reiteran las acciones de esos grupos progubernamentales armados, señaló Abrão, en conferencia de prensa en Managua, la capital del país.
“Estado está incumpliendo su deber de desmantelar a las turbas”, subrayó el funcionario, en alusión a los grupos de civiles progubernamentales armados que, junto con efectivos policiales –principalmente antidisturbios, reprimen manifestaciones opositoras o atacan, en barrios y comunidades, a personas a quienes consideran contrarias al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Abrão señaló que la represión se mantiene activa en ese país sudamericano afectado hace más de setenta días por una violenta crisis sociopolítica.
“Sigue la represión en Nicaragua. Grupos armados progubernamentales apoyados por la Policía entran en las ciudades de manera masiva. Tiroteos y ráfagas de balas. Ayer Matagalpa. Ahora alrededores de Jinotepe y Diriamba”, aseguró en las declaraciones que formuló la mañana de este domingo.
El jerarca de la CIDH aludió así a algunos de los lugares que el fin de semana fueron blanco de ataques de fuerzas policiales y parapoliciales.
Abrão formuló las declaraciones tres días después de que el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Zeid Ra’ad Al Hussein, solicitó, al gobierno de Ortega, la desarticulación de los grupos parapoliciales y el fin de lo que definió como la violencia estatal.
“Pido al gobierno que cese la violencia estatal y desmantele a los elementos armados progubernamentales, quienes de forma creciente han sido responsables de la represión y los ataques. Aquellos que han instigado o permitido que estos elementos armados actúen también deben rendir cuentas ante la justicia”, expresó Al Hussein, citado el 5 de julio en un comunicado de la Oacnudh.
La agencia especializada de Naciones Unidas informó, en el texto, que un equipo que envió a Nicaragua, y que permaneció del 26 de junio al 3 de julio en el país, recibió quejas sobre el ambiente de intimidación e inseguridad generado, en comunidades a nivel nacional, por la presencia de los grupos parapoliciales.
En ese sentido, Al Hussein denunció entonces que “la violencia por parte de los elementos armados progubernamentales ha seguido intensificándose, en particular contra las comunidades que han erigido barricadas o tranques (bloqueos carreteros) como forma de protesta o como medio de autoprotección”, planteó.
La Oacnudh informó entonces, además, que mantendrá su presencia, en Nicaragua, para monitorear, en el terreno, la situación de los derechos humanos, y para proporcionar a las autoridades la asistencia técnica que requieran, contexto en el cual coordinará actividades con el personal que la CIDH mantiene personal operativo en el país.
Abrão formuló las declaraciones un día después de que, al dirigirse a participantes en una marcha progubernamental, Ortega aseguró que su gobierno está luchando por la paz.
“Estamos librando, en estas semanas, en todos estos días, librando una vez más una batalla por la paz, una batalla por la paz”, combate en el cual están, “por un lado, los sembradores de la cizaña que señalaba Cristo, por ahí andan”, y están, además, “sembrando las prácticas terroristas para asesinar a los hermanos nicaragüenses, a sus hermanos nicaragüenses, para asesinarlos”, aseguró.
Esos sectores también apoyan la construcción de los “tranques” instalados, por comunidades opositoras al gobierno, a nivel nacional, pero que esos bloqueos carreteros no son expresiones de protesta pacífica sino que con puntos de actividad terrorista, la que debe cesar.
Algo que “ellos llaman de protesta cívica, de protesta pacífica, lo han convertido en centros de torturas, en centros de terrorismo, alimentando el odio, entonces alimentando a los criminales, a los asesinos. (Son) asesinos los que pagan estos crímenes, también en primer lugar (…) los que financian, los que estimulan, los que justifican estos crímenes”, y es necesario “que detengan esos crímenes”, que constituyen una “ola de actos terroristas”.
Estallada el 18 de abril, a causa de un fracasado decreto presidencial que buscaba reformar el régimen de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la violenta crisis sociopolítica nicaragüense ha cobrado más de 300 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado millonario daño a la infraestructura tanto vial como edilicia y a la economía.
