George Rodríguez EP. Naciones Unidas expresó, este miércoles, preocupación por la situación de los presos políticos en Nicaragua, y e instó al gobierno a liberarlos.
El planteamiento for formulado por la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la australiana Kate Gilmore, al presentar, en el 41 Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, un informe sobre la situación de las garantías fundamentales en Nicaragua.
“Estamos profundamente preocupados por la situación de las personas privadas de libertad en relación con las protestas. Nuestra Oficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a tortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección”, señaló Gilmore.
Los prisioneros por motivos políticos deben obtener la libertad, además de que es necesario que se investigue, eficazmente, las denuncias referidas a esos actos ilegales, advirtió la funcionaria.
“Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento. También reiteramos nuestro llamado a que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia”, expresó.
Gilmore hizo referencia a las excarcelaciones y las liberaciones de centenares de presos políticos, y al hecho de que, no obstante ello, decenas de personas permanecen recluidas por ser opositoras al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
“Las sucesivas liberaciones de personas privadas de libertad en relación con las protestas de 2018 fueron pasos alentadores. 442 personas han sido puestas en libertad desde el 27 de febrero de 2019: 336 de ellas bajo medidas alternativas a la detención, mientras que 106 fueron puestas en libertad en aplicación de la recientemente adoptada Ley de Amnistía. El Gobierno indicó que ha liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas. Sin embargo, según diversas fuentes, más de 80 personas permanecen bajo custodia en condiciones severas de detención”, señaló.
Al respecto, la alta comisionada adjunta, cuestionó contenidos de la Ley de Amnistía –que sectores de oposición han denunciado como un mecanismo del régimen para garantizar impunidad a los autores lo mismo intelectuales que materiales de las masivas violaciones a los derechos humanos.
“Si bien llevó a la liberación de 106 personas, la Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio de 2019, contiene ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas (…) en su forma actual no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, ni la Ley de Atención Integral a las Víctimas. Ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas. Estamos listos para ayudarlo a asesorar sobre cómo se pueden mejorar estas leyes”, aseguró.
Gilmore precisó, además, que la precaria situación en materia de derechos humanos persiste, más de un año después de estallada la violenta crisis sociopolítica que afecta al país centroamericano.
“Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”, denunció.
La funcionaria denunció, asimismo, que, no obstante la documentación existente, el régimen orteguista persiste en negar la participación policial y parapolicial en las violaciones a las garantías fundamentales.
Si bien Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) “han documentado graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales”, por lo que “es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, planteó.
Además de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la dramática situación, estallada el 18 de abril de 2018 en Nicaragua, ha dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, habiéndose centrado, particularmente, en periodistas y medios de comunicación independientes lo mismo que en organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
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