George Rodríguez EP. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reafirmó este jueves que el conflicto entre su gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) derivó de acciones llevadas a cabo por el jefe del grupo de trabajo, el colombiano Iván Velásquez, que pusieron en riesgo la seguridad pública.
Esas acciones –que no especificó- determinaron que se tomara la decisión gubernamental de prohibir que Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos, en visita de trabajo, regrese a Guatemala, aseguró Morales, en un mensaje de aproximadamente doce minutos que dirigió a sus compatriotas y a la comunidad internacional.
“Atendiendo la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, se tomó la decisión de prohibir el ingreso, del señor Iván Velásquez Gómez, a territorio nacional, por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública, y la Gobernabilidad del país”.
Respecto a la decisión de no prorrogar el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, el mandatario indicó que actuó en el marco constitucional.
“Recientemente, en el marco de las facultades que me asigna la Constitución Política de la República, hice del conocimiento al secretario general (…) de las Naciones Unidas (el portugués António Guterres), que el Estado de Guatemala no solicitará una prórroga más del mandato de Cicig”, relató.
Morales dijo que la decisión siguió al año transcurrido sin que Naciones Unidas tomase medida alguna ante los planteamientos que su administración formuló respecto al jefe de la comisión.
“El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, promovió, ante la instancia de la ONU, un diálogo orientado a la solución satisfactoria de las preocupaciones que, en 2017 y 2018, se plantearon a este organismo internacional, sobre el actuar del comisionado de Cicig”, planteó.
Sin embargo, la actitud de la organización mundial fue de pasividad, denunció Morales.
“Transcurrido un año –y repito, transcurrido un año- de iniciada la discusión, por medio de comunicaciones diplomáticas, y agotados varios encuentros entre el Estado de Guatemala y la ONU, las circunstancias señaladas persisten, pone en riesgo el orden, la paz social, y la gobernabilidad del país”, reafirmó.
Morales estuvo acompañado por su vicepresidente, Jafeth Cabrera, los ministros Sandra Jovel (Relaciones Exteriores) y Enrique Degenhart (Gobernación), y el procurador general de la Nación, Luis Donado.
Luego del mensaje de Morales, la canciller acusó a Velásquez de haberse entrometido en asuntos guatemaltecos.
Jovel aseguró que la “intromisión en asuntos internos del país”, por parte del comisionado, incluyó presión sobre el Congreso para lograr “reformas a la Constitución Política de la República y enmiendas ordinarias”.
Las declaraciones de Morales y Jovel fueron formuladas dos días después de que el gobierno guatemalteco informó sobre la decisión de prohibir el ingreso de Velásquez al territorio nacional.
“El Consejo de Seguridad Nacional, ante la pasividad que adoptó la Organización de Naciones Unidas, realizó un análisis profundo sobre dicha situación en el marco de la seguridad y el orden público, acordando, en consenso, recomendar prohibir el ingreso a territorio nacional del señor Iván Velásquez”, indicó el gobierno, en un comunicado que emitió el 4 de setiembre.
Ello, a causa del riesgo que Velásquez representa para la seguridad guatemalteca, aseguró.
El comisionado es descrito, en el texto gubernamental como una persona quien “atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando la gobernabilidad institucionalidad, justicia y la paz del país”.
Los siete integrantes del consejo son: Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera, los ministros Sandra Jovel (canciller), Enrique Degenhart (Gobernación), general Luis Miguel Ralda (Defensa), el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado Mario Andrés Duarte, y el procurador General de la Nación Jorge Luis Donado.
La decisión gubernamental fue conocida cuatro días después de que Morales informó que su administración no renovaría, el año próximo, el mandato de la comisión.
Morales, quien, desde que asumió el cargo para el período 2016-2020, mantenía una creciente confrontación con la Cicig, aseguró, a periodistas, que la medida fortalece la institucionalidad guatemalteca en el combate anticorrupción.
“Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones, para garantizar la continuidad en la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito”, planteó en la declaración que formuló sin aceptar preguntas, y acompañado por un alto número oficiales militares y policiales.
El grupo de trabajo viene operando, desde 2006, mediante renovaciones periódicas de su mandato, la más reciente de las cuales vence en setiembre del año próximo.
Morales ordenó, el año pasado, la expulsión, de Guatemala, de Velásquez, un abogado colombiano, pero la decisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.
La comisión, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones sobre casos de corrupción que han involucrado a allegados a Morales y también al mandatario.
Uno de los casos se refiere a fraude cometido hace cinco años contra el Estado, e involucra a José Manuel Morales, hijo del presidente, y a Sammy Morales, hermano del mandatario, quienes aguardan juicio.
Además, ambas entidades solicitaron, el 10 de este mes, el desafuero de Morales, por un posible financiamiento electoral ilícito para su exitosa campaña electoral, en 2014.
El presidente ha negado el señalamiento.
El acuerdo de creación de la Cicig, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala –entonces presidido (2004-2008) por el ex alcalde capitalino Oscar Berger, define al grupo como un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil (PNC) así como a otras entidades estatales guatemaltecas.
Ello, para facilitar la investigación de lo que en el convenio de 15 artículos se define como casos delicados y difíciles, y, en materia de seguridad, lograr la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
