George Rodríguez EP. El prófugo ex presidente salvadoreño Mauricio Funes recibe salario mensual de la cancillería de Nicaragua, país donde se encuentra asilado hace más de dos años, informó, este lunes, el periódico independientes nicaragüense Confidencial.
Igualmente, el ministerio paga remuneración mensual a Diego Roberto Funes, hijo del ex mandatario –también prófugo de la justicia salvadoreña-, por concepto de asesoría técnica en materia de política internacional, mientras que, en el caso del ex presidente, se desconoce el trabajo que desempeña en cancillería del país centroamericano.
“El expresidente salvadoreño y prófugo de la justicia de su país asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, Mauricio Funes, devenga un salario de 90 080.46 córdobas -unos 2739 dólares al cambio oficial- en la Cancillería de Nicaragua, según una planilla de esa institución en poder de CONFIDENCIAL”, de acuerdo con la versión periodística.
El texto no señala, con exactitud, la dirección de ambos en Managua, la capital nicaragüense, agregó.
“El documento no expone el concepto del pago a (el ex presidente) Funes, aunque confirma que al menos uno de sus hijos, Diego Funes Cañas, se encuentra en la planilla oficial y revela una dirección domiciliar imprecisa en Managua”, señaló.
Diego Roberto Funes percibe salario que es aproximadamente la mitad del asignado a su padre, según el periódico, que citó un mensaje del presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, en la red social Twitter.
En ese sentido, Confidencial indicó que Bukele “expuso en su cuenta de Twitter este domingo que el hijo de Funes (…) recibe un salario de Cancillería por la suma de 47 mil 250 córdobas –unos 1 mil 450 dólares-”, y criticó el hecho de que se asigne “47 000 córdobas al mes, de un pueblo con tantas necesidades, a un prófugo de la justicia, hijo de otro prófugo de la justicia”.
Respecto al cargo que desempeña el hijo de Fines, en la cancillería nicaragüense, el periódico citó –y reprodujo- una constancia, emitida por la División de Recursos Humanos del ministerio, que detalla la posición y el salario.
De acuerdo con ese documento oficial, Diego Roberto Funes ocupa el cargo de “Asesor Técnico en el Despacho del Ministro Asesor para Políticas y Asuntos Internacionales”.
El ex presidente respondió, en dos tuits, a lo afirmado por Bukele y a lo denunciado por Confidencial.
En el primer caso, escribió que “Nayib en lugar de ocuparse de los salarios en Nicaragua debería estar trabajando en una tabla de salario mínimo para El Salvador”, y, en el segundo, afirmó: “No veo por qué tanto escándalo con lo de mi consultoría en Managua. Primero, fui Presidente y tengo la experticia necesaria para asesorar en temas de integración CA. Segundo, eso demuestra que me gano la vida honradamente y que no es cierto que el gobierno del FMLN me mantiene”.
Funes aludió, por su sigla, al ex guerrillero y aun gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido que lo llevó a la presidencia para el período 2009-2014).
El ex presidente es requerido, por la justicia salvadoreña, por diferentes casos de corrupción, incluido el que se refiere al desvío de 351 millones de dólares, que habría ocurrido durante su mandato.
Funes alega que las acusaciones constituyen una trama de persecución política.
Al igual que Funes, sus dos antecesores inmediatos en la presidencia salvadoreña –Francisco Flores (1999-2004) y Antonio “Tony” Saca (2004-2009), ambos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena)- enfrentaron, luego de finalizados sus respectivos mandatos, procesos judiciales por corrupción.
Flores fue detenido en 2014, acusado de haber incurrido en soborno, legitimación de capital, y enriquecimiento ilícito, y sometido a juicio a partir de diciembre de 2015, pero no fue sentenciado ya que falleció el 30 de enero de 2016.
Por su parte, Saca, quien fue capturado el 26 de octubre de 2016, enfrentó cargos por haber desviado 246 millones de dólares en fondos públicos, 116 millones de los cuales fueron transferidos a integrantes del personal presidencia para luego ser trasladados a cuentas corporativas –incluidas las de algunas empresas propiedad del ex presidente-.
Saca fue condenado, el 12 de setiembre de este año, a 10 años de prisión.
Por su parte, Funes ha negado los cargos que se le ha tipificado, afirmando que se trata de delitos que no cometió y de los cuales se carece de prueba alguna en su contra.
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