Aarón Chinchilla EP. | Una iniciativa presentada por las legisladoras Yorleny León (PLN) y Patricia Villegas (PIN) busca que obligatoriamente, todas las universidades privadas del país acrediten sus carreras ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).
A través del expediente de ley 21.578, las legisladoras buscan reformar la Ley del Consejo Nacional de la Enseñanza Superior (CONESUP), para que se establezca la obligatoriedad de la acreditación de todos los programas y carreras que imparten las universidades privadas, así como la verificación de que dichas casas de estudio cumplan con los los requisitos mínimos de funcionamiento en todas sus sedes en el país.
Asimismo, otorga un plazo de cinco años para que las universidades privadas que imparten las carreras de Medicina, Derecho, Arquitectura, Ingenierías y Educación completen este proceso ante Sinaes, mientras que para el resto de carreras el periodo será de 10 años.
Otro de los puntos considerados en el proyecto es que se habilita la articulación del Conesup, estableciendo procesos para que las universidades privadas realicen reclamos, incorporando sanciones que van desde la amonestación por escrito, la suspensión temporal de la matrícula de estudiantes de primer ingreso a las carreras donde se haya comprobado irregularidades, hasta el cierre temporal o definitivo del plan de estudios.
Esta iniciativa busca mejorar la calidad de la educación. El proyecto busca es hacer obligatorio lo que hoy es voluntario: La acreditación. De esa manera, se podrá asegurar a los estudiantes y sus familias que las inversiones que van a hacer, en educación del sector privado, cumplirá con los requerimientos, no solamente de ellos sino que también los que demanda el país, citó la diputada Yorleny León.
En más de 15 años de existencia del Sinaes, el número de carreras acreditadas es menos del 7% del total de programas de formación existentes en el país y apenas un 29% de las universidades cuenten con carreras acreditadas.
Adicionalmente, de los 1.534 programas académicos vigentes, un 83% tiene más de 5 años sin actualizarse, el 60% corresponde a las universidades privadas que no han gestionado cambios en más de 10 años.
