George Rodríguez EP. Catorce legisladores de Estados Unidos solicitaron este viernes al presidente de ese país, Donald Trump, que analice la posibilidad de aplicar la Ley Global Magnitsky a dos hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
El planteamiento está contenido en la carta que, al respecto, los parlamentarios dirigieron a Trump, y que incluye a dos altos funcionarios del gobierno nicaragüense.
“Le solicitamos que determine si los ciudadanos nicaragüenses Sonia Castro, Laureano Ortega Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo y Gustavo Porras cumplen los criterios para rendir cuentas bajo la Ley Global Magnitsky”, indicaron, en el texto, los doce representantes y dos senadores.
Además de Juan Carlos y Laureano Ortega Murillo –hijos del mandatario y su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo-, la solicitud cubre a Porras, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), y a Castro, en calidad de ministra de Salud, todos señalados como responsables de actos tanto de corrupción como de violaciones a los derechos humanos.
Juan Carlos Ortega es señalado por uso inapropiado de fondos además de responsabilidad en acciones contra medios de comunicación independientes, mientras a su hermano Laureano se adjudica abuso en materia de recursos públicos y de derechos humanos.
Porras es señalado por haber dirigido represión antiopositora en el marco de la violenta crisis sociopolítica que golpes hace cuatro meses a Nicaragua.
Además, a Castro se responsabiliza por haber ordenado la prohibición de proporcionar atención médica, en centros estatales de salud, a heridos en las masivas manifestaciones antigubernamentales, además del traslado de armas en ambulancias del Ministerio de Salud (Minsa).
Ortega y Murillo “han duplicado sus esfuerzos por permanecer en el poder y han incrementado la violenta represión contra el pueblo nicaragüense”, señalaron los firmantes de la carta,
En declaraciones que formuló respecto al texto, la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen –quien encabeza el grupo de firmantes- Estados Unidos debe intensificar las medidas para responsabilizar a altos integrantes del gobierno nicaragüense autores de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Si bien “ha tomado las medidas necesarias para responsabilizar a funcionarios claves del régimen de Ortega por atroces violaciones de derechos humanos y desvergonzados actos de corrupción”, el gobierno de Trump “puede y debe hacer más”, y “una manera de hacerlo es designando y sancionando a más individuos bajo la Ley Global Magnitsky”, aseguró la legisladora.
No obstante, el gobierno de Ortega fortalece la represión antiopositora, señaló Ros-Lehtinen.
“Ortega y sus compinches continúan intensificando la represión contra el pueblo nicaragüense, hostigando, golpeando y deteniendo arbitrariamente a cualquiera que exija la salida de Ortega del poder”, agregó, en alusión a la masiva demanda popular de que el presidente y la vicepresidenta renuncien a sus respectivos cargos.
La impunidad con la que ese gobierno viene actuando en el marco de la crisis puede terminar mediante la implementación de la Ley Magnitsky, aseguró.
“Ninguna persona, independientemente de la posición que ocupe, tiene derecho de abusar de las libertades de los demás. Es por eso que mis colegas y yo estamos instando a la administración a investigar las acciones infames” de esas cuatro personas, ya que, “al utilizar esta vital herramienta de la política exterior de Estados Unidos, podemos poner fin a la impunidad y enviar un fuerte mensaje de que Estados Unidos está de parte del pueblo nicaragüense”, subrayó.
El gobierno de Trump informó el 5 de julio, mediante un comunicado del Departamento de Estado, la aplicación de la ley a tres estrechos colaboradores del gobierno de Ortega: el comisionado general de la Policía Nacional, Francisco Díaz –quien, además, es consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega-, el tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, y el secretario general de la Alcaldía de Managua –la capital nacional-, Fidel Moreno.
“Hoy, el gobierno de Estados Unidos sancionó a tres personas de Nicaragua que han estado involucradas en graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en actos de corrupción”, a raíz de lo cual “quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de aquellos designados, dentro de la jurisdicción de los EEUU”, informó entonces el Departamento de Estado.
Díaz fue señalado por dirigir a la fuerza policial en la comisión de serias violaciones a los derechos humanos, a Moreno se le responsabilizó por actos de violencia cometidos por integrantes de la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales contra manifestaciones callejeras de oposición al gobierno, y López fue acusado de haberse valido de su posición en el FSLN para beneficio personal y familiar.
Se elevó, de ese modo, a cuatro el total de nicaragüenses sancionados mediante la implementación de esta legislación, ya que el primero fue el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral Roberto Rivas, a quien la ley fue aplicada el 20 de diciembre del año pasado.
Aprobada en 2016 por el Congreso de Estados Unidos, la Ley Global Magnitsky autoriza, al gobierno estadounidense, a sancionar a jerarcas de gobiernos de otros países, a nivel mundial, involucrados lo mismo en violaciones a los derechos humanos que en actos de corrupción.
La carta de los catorces legisladores fue conocida mientras Nicaragua es convulsionada por la violenta crisis política estallada el 18 de abril, a causa de un fracasado decreto presidencial que buscaba reformar el régimen de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
La agitación ha cobrado aproximadamente 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, y dañado severamente infraestructura tanto vial como edilicia, además de la economía.
