El Sindicato de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC) se manifiesta a las afueras de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de exigir el avance del proyecto de ley 22.817.
Dicha iniciativa plantea que los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que desempeñen labores armadas en las secciones de cárceles y en puestos similares puedan jubilarse con un 82% del promedio de sus últimos 240 salarios, traídos a valor presente según el índice de precios al consumidor (IPC), siempre que cumplan 55 años de edad y hayan trabajado al menos 30 años en puestos donde se requiera portación de armas.
En caso de que no se cumpla con los 30 años en esa condición, se permitiría la jubilación a partir de los 20 años laborados en el Poder Judicial, siempre que se cumpla con la edad mínima establecida.
Dicha iniciativa fue aprobada en abril de 2025, no obstante, Rodrigo Chaves, presidente de la República, vetó la iniciativa aduciendo razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad.
A partir de allí, la discusión sobre un eventual resello quedó pendiente. Incluso, en diciembre anterior, se le vencería el plazo al proyecto, no obstante, los diputados acordaron aprobar un plazo cuatrienal para el expediente. Los únicos que votaron en contra de ello fueron los legisladores chavistas.
Con todo ese escenario, los investigadores consideran que el retraso a la discusión y resello es “injustificado”. Consideran, además, que han transcurrido cerca de 10 meses desde el veto sin que el expediente haya avanzado en su trámite ante la Sala Constitucional, situación que atribuyen a la falta de acuerdos entre la Presidencia del Plenario Legislativo —a cargo del diputado Rodrigo Arias Sánchez— y las jefaturas de fracción.
“La dilación vulnera los derechos de quienes arriesgan su vida a diario por la seguridad del país”, señala el documento.
El gremio sostiene que la propuesta cuenta con respaldo técnico y jurídico, incluyendo estudios actuariales que, aseguran, garantizan su sostenibilidad financiera. Asimismo, afirman que el proyecto contempla mecanismos para que la reforma sea financiada por los propios beneficiarios, sin afectar las finanzas del Estado ni del Fondo de Jubilaciones.
En ese contexto, los organizadores exigen que el proyecto sea conocido en el Plenario Legislativo y remitido sin más demora a la Sala Constitucional, con el fin de que continúe su trámite correspondiente.
