Allan Madriz| EP. La Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo presentado por una adulta mayor de 79 años, quien es pensionada del régimen no contributivo y vive con sus dos hijos diagnosticados con retardo mental (de 46 y 49 años), la cual fue desalojada de su casa.
El Ministerio de Salud había ordenado el desalojo de la familia de su casa después de declararla inhabitable, pese a que la adulta no recursos económicos para construir una vivienda nueva, lo que provocaría que ella y sus hijos queden en estado de indigencia.
“Los Magistrados ordenaron al Director Regional de la Rectoría de la Salud Central Sur y a la Directora del Área Rectora de Salud de Santa Ana a mantener la suspensión de la orden sanitaria en la que se ordenó el desalojo contra la amparada y coordinar con las demás entidades competentes – sea Municipalidad de Santa Ana, Banhvi e Imas – bajo la dirección del Conapam, una solución definitiva (y mientras tanto una solución temporal) a la situación de vivienda que presenta la amparada”, señala el comunicado de la Sala IV.
Para ello los Magistrados dieron un plazo de tres meses para brindar las soluciones correspondientes de vivienda para la afectada y sus hijos.
La Sala señaló que las autoridades de Salud giraron la orden de desalojo sin haber coordinado antes con el Consejo de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
Los Magistrados consideran que se le debe garantizar a la pensionada una opción digna donde puedan habitar, antes de pensar siquiera en ejecutar una orden de desalojo.
