Un informe de investigación legislativa sobre el debilitamiento de la política de seguridad pública en Costa Rica concluye que el país enfrenta un deterioro sostenido en su capacidad institucional para contener el crimen organizado, en medio de fallas estructurales, reducción de recursos y ausencia de una estrategia articulada de Estado.
El informe fue aprobado por los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico fue aprobado por cuatro votos a favor () y dos en contra ().
En concreto, el documento advierte que las decisiones adoptadas durante la actual administración han tenido efectos verificables en el funcionamiento del aparato de seguridad, generando condiciones que podrían favorecer el crecimiento de estructuras criminales tanto nacionales como transnacionales.
Entre los principales hallazgos del informe destaca una negligencia en la toma de decisiones ejecutivas, acompañada de una reducción sistemática de recursos destinados a seguridad, inteligencia y administración de justicia, lo que ha limitado la capacidad operativa del Estado frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.
El análisis identifica además problemas estructurales persistentes, entre ellos la falta de coordinación interinstitucional, la ausencia de políticas públicas con sustento técnico y la inexistencia de mecanismos claros de evaluación de resultados.
A esto se suma una falta de liderazgo estratégico y de visión de Estado, factores que, según el informe, agravan la vulnerabilidad del país ante el avance del crimen organizado.
Durante las audiencias realizadas, expertos en seguridad, exjerarcas y autoridades coincidieron en señalar un deterioro operativo en áreas críticas, como la vigilancia marítima, aérea y fronteriza. Se documentaron limitaciones en equipamiento, reducción de capacidades logísticas y debilitamiento de estructuras clave como el Servicio Nacional de Guardacostas y el sistema de inteligencia.
Asimismo, se expuso que el país enfrenta un incremento sostenido en la violencia homicida, vinculado principalmente a disputas territoriales entre organizaciones criminales, así como una creciente penetración de estas estructuras en comunidades, instituciones y economías ilícitas.
El informe también advierte sobre la expansión del narcotráfico en zonas protegidas, lo que no solo representa un riesgo para la seguridad ciudadana, sino también para la sostenibilidad ambiental, al provocar deforestación, pérdida de biodiversidad y debilitamiento de la gobernanza territorial.
Otro de los elementos críticos señalados es la falta de aprovechamiento de herramientas legales existentes, como mecanismos de inteligencia, control financiero y decomiso de capitales, que podrían contribuir a desarticular organizaciones criminales antes de que consoliden su operación.
Recomendaciones
Ante este panorama, el informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas al Plenario Legislativo y a las instituciones del Estado, orientadas a revertir el deterioro identificado.
Entre las principales acciones sugeridas se encuentra la necesidad de construir una política de seguridad de Estado, que trascienda coyunturas políticas y permita una respuesta integral, sostenida y coordinada frente al crimen organizado.
Se insiste en fortalecer la coordinación interinstitucional, articulando el trabajo entre cuerpos policiales, inteligencia, sistema judicial y entidades administrativas, con el fin de optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta.
El documento también subraya la urgencia de incrementar la inversión en seguridad, particularmente en tecnología, equipamiento, infraestructura y formación del recurso humano, así como en sistemas de vigilancia aérea y marítima.
Otra recomendación clave es priorizar el enfoque preventivo sobre el reactivo, orientando los esfuerzos del Estado hacia la anticipación y desarticulación de estructuras criminales, en lugar de limitarse a la persecución posterior de delitos.
Además, se plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia y análisis de información, incluyendo la implementación efectiva de plataformas integradas que permitan detectar patrones delictivos y anticipar amenazas.
El informe también destaca la importancia de combatir el financiamiento del crimen organizado, mediante el uso más riguroso de herramientas legales para el decomiso de capitales y el control de flujos financieros ilícitos.
La investigación surgió a partir de una moción aprobada por el Plenario Legislativo en noviembre de 2024, en un contexto marcado por el aumento de la criminalidad, la presión internacional y las denuncias sobre la eficacia de las políticas de seguridad pública.
El objetivo fue determinar posibles responsabilidades políticas y administrativas ante la ausencia o debilidad de acciones estatales frente al crimen organizado, así como evaluar el impacto de las decisiones adoptadas durante la actual administración.
Así, el informe concluye que Costa Rica enfrenta un punto de inflexión en materia de seguridad, donde la falta de decisiones estratégicas y la debilidad institucional podrían tener consecuencias profundas en la estabilidad democrática y el Estado de derecho.
En ese sentido, advierte que el país requiere acciones urgentes, coordinadas y sostenidas para evitar un mayor deterioro y recuperar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.
Alonso Mejía.
