Por Juliana Martínez Franzoni
Investigadora de la Universidad de Costa Rica y premio de la fundación Alexander von Humboldt otorgado a trayectorias sobresalientes de investigación en el sur global. Busca entender para ayudar a transformar.
En mayo de 2026, Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica con un mandato claro: continuidad. Su victoria en primera ronda, con cerca del 49% de los votos emitidos y una sólida mayoría legislativa, no deja espacio para ambigüedades.
No es una figura de ruptura, sino arquitecta y heredera directa del proyecto político de Rodrigo Chaves, en cuyo gobierno se desempeñó como ministra de Planificación.
Por eso, si queremos anticipar el rumbo de la nueva administración, la respuesta puede encontrarse en dos pistas complementarias. La primera es el legado reciente del gobierno saliente en materia de política social. La segunda es el patrón más amplio de la llamada “nueva derecha” en América Latina y otras regiones.
Entre ambas se dibuja una tendencia consistente: una política social subordinada a la estabilidad macroeconómica, acompañada de una narrativa de eficiencia que, en la práctica, redefine el papel del Estado y la distinción entre quiénes son y quiénes no son “merecedores” de la intervención estatal en material social.
El precedente inmediato: estabilidad fiscal con costos sociales
El gobierno de Rodrigo Chávez llegó al poder con un discurso antisistema, prometiendo desafiar a las élites tradicionales. Sin embargo, en política social, su administración mostró una orientación bastante convencional: disciplina fiscal, contención del gasto y reordenamiento institucional. Los datos disponibles —provenientes de organismos como el Programa Estado de la Nación, la Contraloría General de la República y centros académicos— apuntan a una constante: la estabilidad macroeconómica efectivamente se alcanzó, solo que a costa de recortes sustantivos en la inversión social y con efectos negativos para el desarrollo humano, desde filas en la seguridad social hasta pérdida de apoyo educativo.
El gasto social estuvo contenido estructuralmente por una tremenda regla fiscal que contiene gasto aún cuando los ingreses estén disponibles.
Los números son contundentes. La inversión social pública cayó del 12 por ciento del PIB en 2021 al 9,4 por ciento en 2025, la cifra más baja de los últimos 15 años. En 2023, el gobierno recortó 50.000 millones de colones de programas contra la pobreza, según datos del IMAS enviados al Fondo Monetario Internacional. Eso significó la eliminación de 113.000 becas Avancemos y 7.000 espacios de la Red de Cuido en un solo ejercicio fiscal. En educación, el presupuesto cayó al 5,1 por ciento del PIB, el peor nivel en 25 años.
La declaración de que la Caja Costarricense del Seguro Social estaba quebrada habilitó la práctica de buscar quebrarla; así lo muestra el aumento acelerado de la deuda del Estado. El argumento fue el “no hay plata”.
La contención del gasto social, en un contexto de desigualdad persistente y crecimiento económico desigual, tiene efectos distributivos claros. Algunos sectores logran adaptarse; otros no. La política social deja de ser un amortiguador universal y se convierte en un instrumento más selectivo, más condicionado, más frágil pero también más arbitrario.
La nueva derecha: menos Estado, más narrativa
Este giro no es exclusivo de Costa Rica. Forma parte de un fenómeno más amplio que ha sido descrito como la “nueva derecha”.
A diferencia de las versiones más tradicionales del conservadurismo, esta corriente combina elementos aparentemente contradictorios: un discurso antiélite con políticas económicas ortodoxas; una apelación al cambio con prácticas institucionales continuistas; una retórica de cercanía con la ciudadanía acompañada de decisiones tecnocráticas.
Una cosa es cierta: su capacidad de explotar el legítimo descontento ciudadano, en cuenta con el “ajuste del cinturón” de las reformas neoliberales, que en su momento promovieron las viejas derechas y en muchos casos, las izquierdas responsables.
En materia de política social, este enfoque tiene varias características recurrentes. Primero, una desconfianza hacia los programas universales. Segundo, una preferencia por la focalización, con la promesa de dirigir recursos “a quienes realmente se lo merecen” y, de paso, tener mayor discrecionalidad para excluir población inmigrante, premiar prácticas femeninas maternalistas, marginar a las minorías sexuales. Tercero, una insistencia en la evaluación y la medición, mientras se hacen recortes indiscriminados entre los propios sectores vulnerables.
La convergencia: continuidad con dirección
Cuando se combinan ambas pistas —el legado de Chávez y el patrón de la nueva derecha— lo que se anticipa es una profundización de tendencias ya en curso, incluído el lenguaje de cambio, incluso cuando las decisiones respondan a lógicas bastante antiguas.
Costa Rica ha sido históricamente reconocida por su Estado social, que combinó crecimiento económico con inversión sostenida en educación, salud y protección social. Ese modelo tenía limitaciones —en particular, su dependencia de los ingresos laborales en un contexto de creciente informalidad—, pero logró construir niveles relativamente altos de cohesión social.
Hoy, frente a nuevos desafíos, la disyuntiva no es menor: innovar en los instrumentos —incluido su financiamiento— o desmantelar ese legado en nombre del cambio. Hasta ahora, todo indica que el nuevo gobierno podrá la legitimidad electoral y la mayoría legislativa al servicio de una “motosierra” a la tica.
Alonso Mejía.
