Allan Madriz| EP. Un grupo de once diputados de varias fracciones legislativas presentaron una consulta facultativa legislativa de constitucionalidad sobre la reforma a la Ley de Armas y Explosivos que se tramita en la Asamblea Legislativa.
La consulta, presentada por los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca y María Inés Solís, fue acompañada por la mayoría de diputados socialcristianos, tres del Partido Integración Nacional y uno, del Partido Republicano Social Cristiano y Restauración Nacional.
Los legisladores firmantes de las consulta cuestionan que se apruebe una reducción de tres a dos armas por persona, argumentando que eso violenta el artículo 45 de la Constitución Política.
“El proyecto de ley en cuestión contempla una limitación y una reducción al número de armas que puede poseer una persona, esta limitación es contraria a lo dispuesto por el artículo 45 de la constitución política…”, indica la consulta.
Según señalan los legisladores, la limitación de la propiedad privada debe responder a criterios expresos dados por la constitución, entre estos se encuentran un “interés público legalmente comprobado, caso de guerra o conmoción interior y necesidad pública”.
“La reducción que se pretende a dos armas por persona, no solo violenta la propiedad privada de una persona sin fundamento alguno, sino que representa una total desproporcionalidad de la norma, el dejar indefensa a las personas ante una eventual agresión o posibilidad de defender legítimamente su patrimonio, se estaría viendo menoscabado con dicha regulación”, cuestionan los legisladores.
Otro de los puntos cuestionados de la reforma, es una supuesta violación al principio de proporcionalidad, establecido en el artículo 41 de la Constitución Política. Esto debido a que la modificación de la Ley relacionado con el plazo de vigencia de 6 años de las matrículas de las armas.
“Las armas como un bien y una propiedad puede estar sujeta a su inscripción y matricula, sin embargo, poner una fecha de vencimiento a esta inscripción resultaría una violación a la propiedad y una medida totalmente desproporcionada”, afirman los diputados.
Finalmente, la consulta cuestiona la posible violación al principio de inocencia del artículo 39 de la Constitución Política, ya que la reforma plantea la prohibición de portar armas a personas que hayan sido elevadas a juicio por distintos delitos.
“La fase procesal de elevación a juicio en el transcurso de un proceso penal, no refiere en ningún caso y bajo ninguna circunstancia la imposición de pena o la declaratoria de culpabilidad de un hecho, por lo que sancionar a una persona que esté siendo procesada, violentaría el derecho de inocencia en todos sus extremos”, indica la consulta.
Los diputados que firmaron la consulta a la Sala Constitucional son los socialcristianos: Pablo Heriberto Abarca, María Inés Solís, Pedro Muñoz, Aracelly Salas, Óscar Cascante y Shirley Díaz; así como los legisladores del PIN, Zoila Volio, Walter Muñoz y Patricia Villegas.
A este grupo de congresistas se suman, el diputado del PRSC, Dragos Dolanescu, y el legislador de Restauración Nacional, Melvin Núñez Piña.
Por su parte, la diputada del PUSC, María Vita Monge, se desmarcó de la consulta planteada por sus compañeros de fracción, asegurando que su posición es que se debe regular la cantidad de armas por persona.
