George Rodríguez EP. El Grupo de Trabajo para Nicaragua, creado por la Organización de Estados americanos (OEA), proyecta reunirse con instituciones crediticias internacionales para tener la seguridad de que el gobierno nicaragüense no desvíe, hacia la represión antiopositora, fondos aprobados para proyectos, dijo este viernes el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo.
El grupo tiene previsto dialogar con entidades tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó Trujillo, representante de uno de los doce países integrantes del grupo, en declaraciones que formuló en Washington, ciudad sede de la entidad continental.
“Tenemos una reunión con el BID y con otros grupos bancarios internacionales para estar seguros de que el dinero que los países miembros ponen en Nicaragua no se use para violaciones de los derechos humanos”, señaló el diplomático.
El grupo de trabajo fue creado el 2 de agostos por el Consejo Permanente de la OEA, y le asignó el mandato de aportar a la búsqueda de solución pacífica a la violente crisis sociopolítica que hace más de cuatro meses afecta a ese país centroamericano.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua advirtió que no permitirá el ingreso, al territorio nacional, del grupo de trabajo.
La aprobación del proyecto de resolución para crear el grupo –promovida por ocho países-, se concretó con el voto favorable de 28 países, mientras cuatro votaron en contra, ocho se abstuvieron y dos no participaron.
Unos cinco, minutos antes de la votación, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, reiteró la posición del gobierno Nicaragua en el sentido de que la sesión extraordinaria llevada a cabo por el Consejo Permanente se realizó sin el consentimiento de esa administración.
Moncada, un general retirado y un ex embajador de Nicaragua en la organización americana, advirtió, asimismo, que el gobierno presidido por Daniel Ortega negaría el ingreso del grupo al territorio de ese país.
También afirmó que el Consejo Permanente actuó en contravención de lo establecido en la Carta de la OEA, que le prohíbe interferir en asuntos internos de los países que integran la entidad continental.
La resolución fue impulsada por ocho países –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú-.
Según el contenido del texto, se decidió “crear un Grupo de Trabajo para Nicaragua (…) cuyo mandato será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua”.
Ocho días después, el grupo quedó integrado con doce países –los ocho que impulsaron su creación más Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá-.
La violenta crisis sociopolítica nicaragüense, que estalló el 18 de abril –a raíz de fracasadas reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)-, ha cobrado alrededor de 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado fuerte daño económico.
Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido con represión policial y parapolicial antiopositora.
