Allan Madriz | EP. El Tribunal Contencioso Administrativo declaró parcialmente con lugar la demanda del diputado José María Villalta contra el Estado, en relación al manejo de las licencias de pesca de atún a embarcaciones extranjeras.
El legislador frenteamplista señalaba que el Estado, representado en el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), estaba regalando la riqueza atunera del país.
Los jueces y jueza del tribunal declararon la nulidad absoluta de los artículos 53, 54 y párrafo primero del ordinal 55 del Reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura.
También se declaró “disconformidad sustancial” con la conducta administrativa del Poder Ejecutivo de tasar el canon para el otorgamiento de licencias utilizando como unidad de masa la tonelada Moorson, en vez de seguir la recomendación de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y utilizar la tonelada métrica.
“Es una victoria importantísima para el país. En épocas de déficit fiscal es inconcebible que el Estado regale la riqueza atunera a embarcaciones extranjeras”, indicó el diputado.
El tribunal además ordena al Estado e Incopesca realizar estudios científicos sobre la disponibilidad y conservación del atún en Costa Rica, de previo al otorgamiento de derechos de explotación de ese recurso, para desarrollar el sector pesquero.
“Con esta sentencia prácticamente todo lo que solicitamos, incluyendo la nulidad de las normas absurdas y débiles para el otorgamiento de licencias, la obligación del Estado e Incopesca de realizar estudios técnicos sobre la disponibilidad del recurso y la actualización de los cánones por licencia”, añadió el frenteamplista.
Por este motivo, Incopesca deberá fijar los cánones por concepto de registro y licencias de pesca de atún con red de cerco, en el plazo de dos meses a partir de la firmeza de la resolución y además realizar los estudios científicos para establecer la disponibilidad de los recursos atuneros.
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