
Aarón Chinchilla EP. | A pesar del criterios de expertos y la oposición de los sectores ambientalistas, el Gobierno sigue decidido en promover el proyecto de ley 19.838 de pesca de arrastre de camarón.
Según informó la Fundación Marviva, el Gobierno aprovecha las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa para impulsar el proyecto de ley conocido como “Ley para el Aprovechamiento Sostenible del Camarón, Generación de Empleo y Combate a la Pobreza”, a pesar de que los sectores ambientalistas, grupos universitarios y expertos en el tema manifiestan que el proyecto es “inconstitucional y carece de evidencia científica y técnica”.
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Según Jorge Jiménez, director de Fundación MarViva, “es lamentable que esta decisión que puede poner en grave riesgo el ecosistema marino, se tome sin una base científica y técnica y desoyendo a la academia y científicos del país.”
“En lugar de mantener esta posición obstinada, el gobierno ha tenido años para promover un plan de transición y salida definitiva de la pesca de arrastre que permita proteger nuestros recursos pesqueros y asegurar el futuro de miles de familias que dependen de la pesca en Costa Rica. La posición de la Presidencia es inexplicable”, aseguró Jiménez.
Por otra parte, representantes de la Universidad Nacional (UNA), Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de Costa Rica y de más de 16 organizaciones de conservación junto a la Cámara de Pescadores de Guanacaste han expresado ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa que “el proyecto de ley va en contra de la salud de los ecosistemas“.
“Queremos que todos los diputados conozcan nuestra verdadera posición y se enteren que los más de 500 pescadores miembros de la Cámara, no estamos de acuerdo con lo que propone este proyecto de ley”, expresaron miembros de la Cámara de Pescadores de Guanacaste.
En el 2013, la Sala Constitucional determinó que la pesca de arrastre de camarón afecta un ambiente ecológicamente equilibrado. Asimismo, violenta el desarrollo sostenible, destruyendo los fondos marinos y afectando a miles de pescadores artesanales.
La Sala Constitucional ordenó que para generar una nueva ley que permita la pesca de arrastre, se debe contar con estudios científicos que demuestren que las nuevas técnicas a usar ya no generan estos impactos. Según los expertos, la evidencia científica está ausente en el proyecto de ley 19.838.