Aarón Chinchilla EP. | El Gobierno de la República, en conjunto distintos ministerios, firmaron la Reforma Integral de la Ley N.° 7771, Ley General sobre el VIH- sida, de 29 de abril de 1998” (Ley N.°9797), la cual otorgará mayor inclusión, protección en materia de salud, laboral y tramitología, entre otros puntos.
La firma realizada por la Presidenta en Ejercicio, Epsy Campbell, y el ministro de Salud, Daniel Salas, tiene con objetivo regular todas las acciones del Estado costarricense para promover y garantizar un enfoque integral de Derechos Humanos a las personas con VIH, en los ámbitos públicos y privados.
En detalle, la reforma introduce una serie de modificaciones para adicionar a la atención médica un enfoque de prevención y en materia laboral queda prohibido que un empleador tanto público como privado, nacional o extranjero, solicite dictámenes, certificaciones médicas o pruebas de VIH a las personas trabajadoras, para obtener un puesto laboral o para conservarlo.
Además, la persona con VIH que así lo desee podrá comunicar su estado serológico a su patrono. A partir de la comunicación al empleador, no podrá ser despedida por su condición y estará obligado a cumplir con la garantía del derecho a la confidencialidad y atención integral.
Otro punto contemplado dentro de la reforma es que las instancias públicas y privadas competentes deberán contar con procedimientos prontos, cumplidos, expeditos y oportunos para tramitar denuncias por discriminación en perjuicio de personas con VIH o sus familiares y personas allegadas.
Hoy Costa Rica y su institucionalidad saldan una deuda histórica con las personas con VIH, quienes urgían de una legislación que garantice una atención más humana e integral (…)una democracia consolidada como la costarricense debe trabajar cada día por erradicar cualquier forma de discriminación y estigmatización ”, reflexionó Campbell.
Otros puntos contemplados dentro de la reforma son la Creación del Consejo Nacional de Atención Integral de VIH (CONASIDA), la cual tendrá como funciones recomendar políticas públicas, planes nacionales, coordinación del trabajo interinstitucional y fomentar acuerdos de cooperación, entre otras acciones. Además, se incluye que el CONASIDA debe promover la participación de las personas con VIH en los procesos de toma de decisiones.
Adicionalmente, las personas tendrán derecho a la consejería para obtener información, orientación, apoyo y acompañamiento psicosocial antes y después de la prueba del VIH, así como durante el tratamiento de la enfermedad, para la toma de las decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva y en la misma línea, en el apartado preventivo de la nueva ley, se establece una serie de derechos tales como: acceso de condones femeninos y masculinos en los servicios de salud, prueba gratuita de VIH a las personas que deseen realizar en los centros de salud pública, entre otros.
Finalmente, se elimina la excepción de consentimiento informado a solicitud de la prueba por parte de una autoridad judicial.
“Recibimos esta nueva legislación con entusiasmo. Es un nuevo marco legal que nos permite fortalecer las acciones de prevención y atención”, destacó el ministro de Salud, Daniel Salas.
