Allan Madriz | EP. El Gobierno aprovechó el periodo de sesiones extraordinarias, que inicia a partir de este 1 de diciembre y se extenderá por ocho meses, para convocar el expediente 21.891, Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del COVID-19.
El proyecto, impulsado por la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, plantea que se suspenda la cuota mensual de 500 litros que reciben los diputados, para que los recursos sean utilizados para atender la emergencia por la COVID-19.
La semana anterior, el Poder Ejecutivo envió la lista de los proyectos de ley que se discutirían en la Asamblea Legislativa durante este periodo de sesiones extraordinarias, sin embargo la propuesta no ha recibido el apoyo necesario, y está paralizado en la Comisión de Asuntos de Asuntos Económicos.
La propuesta de Vega fue presentada en corriente legislativa desde el inicio de la pandemia y con esos recursos se espera atender un total de 136 solicitudes mensuales de Bono Proteger y 1.638 cada año.
Algunos diputados y diputadas no se han mostrado muy decididos en apoyar la propuesta de Vega e incluso han cuestionado que por qué esta misma medida no se aplica para otros Poderes de la República.
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