Keylor García | EP. Recientemente se ha dado a conocer un informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), sobre las contundentes conclusiones del asesinato de la líder indígena y ecologista Berta Cáceres, acaecida en Honduras el 2 de marzo del 2016.
El informe señala que la colusión de intereses entre Estado y empresa lleva, en algunos casos, al primero a maquillar las investigaciones o a realizarlas de forma tal que la impunidad prevalezca, en un claro intento por rehuir las obligaciones nacionales e internacionales que debe ejercer en materia de investigación y de sanción.
También, esta situación en la que se intenta construir una verdad oficial a partir de investigaciones incompletas lleva naturalmente a los familiares de las víctimas a desconfiar de las entidades públicas y a recurrir a mecanismos de investigación ajenos al Estado como tal.
Este informe recopila toda la información sobre este caso, reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas para investigar de forma cuestionable este asesinato.
GAIPE señala que estas conclusiones constituyen un esfuerzo de gran relevancia en la medida en que son muchos los casos en América Latina y en el mundo en los que el Estado pareciera poco interesado en que se sepa la verdad de los hechos y la motivación real que llevó a eliminar físicamente a una líder indígena, campesino o ecologista opuesto a un proyecto de cierta envergadura.
En Costa Rica, la muerte del biólogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Moín dio lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la Fiscalía General de la República.
A la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realizó a Costa Rica en el 2013.
Hija de Berta Caceres saluda a todos los activistas que acompañan las causas justas de los diferentes pueblos al rededor del mundo.
Mensaje para activistas, de @BerthaZuniga1 de @COPINHHONDURAS en lanzamiento del informe del GAIPE “Dam Violence” ???? #JusticiaParaBerta pic.twitter.com/AEemfWc5eV
— Marcos Gómez ???? (@GomezMarcos) 3 de noviembre de 2017
La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016. En América Latina, en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización.
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En las conclusiones del informe del GAIPE que consta de 87 páginas, se puede leer al menos tres de ellos:
El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo.
Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente para procesar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Dicha circunstancia vulnera los derechos a la verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas, las personas integrantes del COPINH, las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad hondureña.
El Ministerio Público ha incurrido en violaciones al derecho de las víctimas de participar plenamente en el proceso interno, derecho que está previsto en la propia legislación hondureña así como en los estándares internacionales, lo cual vulnera la garantía del debido proceso, así como los derechos a la verdad, justicia y reparación.
