Keylor García | EP. El Instituto Nacional de Seguros (INS), les solicita a los diputados rechazar el proyecto de reforma de la Ley 8130, que regula el otorgamiento de indemnizaciones a las personas que comprueben haber sufrido daño físico y moral por el uso de químicos utilizados en bananeras.
La solicitud la presento el presidente ejecutivo del INS, Elian Villegas el pasado 31 de octubre al señor Gonzalo Ramírez presidente de la Asamblea Legislativa con el fin de que se rechace el proyecto de ley 20400, el cual reforma la ley 8130 aprobada en el año 2001.
Actualmente la ley regula el otorgamiento de indemnizaciones a las personas que comprueben haber sufrido daño físico y moral como consecuencia del uso directo o indirecto del producto conocido como DBCP, ingrediente activo del nematicida Nemagón, ocurrido entre los años 1967 a 1979, en las fincas bananeras en Costa Rica; así como a sus cónyuges, hijos, compañera, que demuestren haber sufrido un daño físico o moral objetivo.
Además: ICE subastará más de 200 vehículos en último remate del 2017
Según el INS, si fuese aprobado el proyecto de ley, esto podría generar un incremento irracional en la cantidad de solicitudes de indemnización y, consecuentemente de erogación, a favor de personas que en realidad no sufrieron afectación por el uso del Nemagón.
Esta nueva propuesta abre la puerta a más y mayores indemnizaciones y plantea un tope máximo a indemnizar equivalente a doce salarios base, lo que significaría un eventual pago adicional, que podría rondar entre los₵53.000.000.000.00, y los ₵74.000.000.000.00, bajo supuestos conservadores, monto que afectaría directamente las finanzas del Estado.
Según reportes del INS, esta institución desde el 2001 hasta la fecha ha pagado a 13.982 afectados directos del Nemagón ¢15.968.121.153.97 y a partir de enero del 2015 a 943 afectados indirectos ¢295.306.938.07.
Es decir, el costo total de dichas indemnizaciones corre enteramente a cargo del Ministerio de Hacienda, ya que el INS realiza el pago y luego, de conformidad con lo estipulado en la ley, aplica un crédito fiscal al pago del Impuesto sobre la Renta.
