George Rodríguez EP. El gobierno de Costa Rica reafirmó, este miércoles, la disposición a mantener los esfuerzos por la liberación de los presos políticos en Nicaragua, entre ellos, la periodista nicaragüense-costarricense, Lucía Pineda.
“No cejaremos en nuestros esfuerzos para ver a Lucía Pineda en libertad, junto a otros cientos de nicaragüenses que hoy guardan prisión por reclamar su derecho a expresarse y manifestarse”, dijo el canciller costarricense, Manuel Ventura.
La permanencia de Pineda en prisión, en particular, constituye una ofensa a las garantías fundamentales, aseguró Ventura, un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Reiteramos que, para Costa Rica, cada día en la cárcel, de Lucía Pineda, es una afrenta a los valores democráticos, a la libertad y los derechos humanos”, advirtió.
Ventura formuló las declaraciones un día antes de que se cumpla un año desde que estalló la violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua.
Pineda, jefa de Prensa del canal informativo independiente 100% Noticias, fue detenida la noche del 21 de diciembre, cuando efectivos policiales y parapoliciales allanaron violentamente la sede central de la emisora, en un sector de Managua, la capital nicaragüense.
Durante la operación también fueron arrestados el director del canal, periodista Miguel Mora, la directora ejecutiva del medio y esposa del director, Verónica Chávez –quien fue liberada horas después, y narró, en conferencia de prensa, lo ocurrido ese día-, el chofer Joseph Hernández, y el controlista de sonido Gustavo Cerna –quienes fueron liberados el 5 de enero-.
De acuerdo con lo denunciado por Chávez, tras su liberación, los ejecutores del allanamiento actuaron sin orden judicial, y se comportaron violentamente, causando daño severo en el interior de las instalaciones, además de que sustrajeron equipo electrónico.
Similar agresión tuvo lugar, una semana antes, por la madrugada, contra otros cuatro medios de comunicación independientes –los programas periodísticos Esta Noche y Esta Tarde, el periódico Confidencial, y la revista Niú-.
También fueron allanadas entonces las instalaciones de varias organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos a las cuales, pocos días antes, les fue suspendida la personería jurídica.
Esas acciones represivas se enmarcaron en la violenta crisis sociopolítica nicaragüense que, estallada el 18 de abril, ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, la que está actualmente centrándose en periodistas y medios de comunicación independientes lo mismo que en organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
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