George Rodríguez EP. El gobierno de Estados Unidos anunció, este miércoles, que sancionó a Laureano Ortega –hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo-, y al nicaragüense Banco Corporativo SA (Bancorp).
La sanción, enmarcada en una Orden Ejecutiva (Executive Order, EO), congeló todo bien que tanto Laureano Ortega como Bancorp posean en territorio estadounidense, informó, en una Nota de Prensa, la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado norteamericano.
“Estados Unidos ha sancionado a Laureano Ortega y al Banco Corporativo SA (Bancorp), según la Orden Ejecutiva 13851, que el presidente (estadounidense, Donald) Trump firmó el 27 de noviembre de 2018”, indicó el departamento, en la nota de cuatro párrafos.
El castigo prohíbe que ciudadanos estadounidenses, en general, realicen transacciones con el hijo de Ortega así como con la entidad bancaria del país centroamericano, explicó.
“Debido a esta acción, sus bienes en Estados Unidos están congelados y las personas estadounidenses tiene prohibido, en general, realizar transacción con Laureano Ortega y con Bancorp”, precisó.
Al explicar la razón por la cual se aplicó la medida, el departamento indicó que el hijo de la pareja gobernante es una figura clave en el esquema de corrupción del régimen orteguista.
“Laureano Ortega (…) es un facilitador clave de la corrupción del régimen de Ortega. En nombre del régimen, ha procurado apoyo financiero internacional e inversión extranjera. Al hacerlo, ha colocado los intereses de su familia y su fortuna personal delante de los intereses del pueblo nicaragüense, al involucrarse en transacciones corruptas”, señaló el departamento.
La entidad bancaria ha servido como instrumento para ello, agregó.
“Bancorp ha servido como una caja personal de fondos ilícitos para la familia Ortega y como instrumento para transacciones corruptas con Nicolás Maduro y su antiguo régimen en Venezuela”, aseguró.
Mediante la Acción de este miércoles, Estados Unidos ratificó su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense.
“Hoy, Estados Unidos ha afirmado su compromiso de usar todos los instrumentos económicos y diplomáticos para promover que el régimen de Ortega rinda cuentas y para apoyar al pueblo nicaragüense en su búsqueda de libertad”, explicó.
El Departamento de Estado incluyó, en la declaración, un llamado al gobierno de Ortega a restablecer la democracia en el país, y adelantar las elecciones programadas para 2021.
“Exhortamos al régimen de Ortega a restablecer el orden democrático en Nicaragua y aceptar el clamor de los nicaragüenses en cuanto a elecciones anticipadas, libres, justas, y transparentes”, planteó la dependencia gubernamental estadounidense, y agregó que “exhortamos a Nicaragua a liberar incondicionalmente y plenamente a las personas detenidas arbitrariamente y a proteger los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos”.
También advirtió que Estados Unidos seguirá promoviendo que los responsables de violaciones a los derechos humanos sean llamados a cuentas.
“Continuaremos promoviendo que rindan cuentas quienes han demostrado un flagrante menosprecio por los derechos humanos y han fomentado la violencia en apoyo al régimen de Ortega”, aseguró.
El castigo al hijo de Ortega y Murillo y a Bancorp fue anunciado el día antes de que se cumpla un año desde que Nicaragua se convirtió en escenario de una violenta crisis sociopolítica que, entre otras consecuencias, ha implicado la pérdida de centenares de vidas y el encarcelamiento de cientos más de opositores al régimen.
La medida anunciada este miércoles se suma a similares acciones del gobierno estadounidense contra altos funcionarios del régimen orteguista, así como a miembros de la familia gobernante, y personas allegadas.
En ese sentido, al tiempo que firmó la EO 13851, Trump declaró, el 27 de diciembre, emergencia nacional respecto al gobierno de Nicaragua, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, a partir de esa declaración sancionó a Murillo, además de Nestor Moncada Lau, asesor presidencial en materia de seguridad.
Murillo y Moncada Lau, Estados Unidos ha sancionado a otros altos funcionarios nicaragüenses, a quienes aplicó la Ley Global Magnitsky, que, aprobada en 2016 por el Congreso de Estados Unidos, autoriza, al gobierno estadounidense, a sancionar a jerarcas de gobiernos de otros países, a nivel mundial, involucrados lo mismo en violaciones a los derechos humanos que en actos de corrupción.
En lo que tiene que ver con Nicaragua, el primero fue el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral Roberto Rivas, a quien la ley fue aplicada el 20 de diciembre del año pasado, a raíz de actos de corrupción –incluido enriquecimiento ilícito-.
Previamente, el gobierno de Trump informó, el 5 de julio, mediante un comunicado del Departamento de Estado, la aplicación de la ley a otros tres estrechos colaboradores del gobierno de Ortega: el comisionado general de la Policía Nacional, Francisco Díaz –quien, además, es consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega-, el tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, y el secretario general de la Alcaldía de Managua –la capital nacional-, Fidel Moreno.
Díaz fue señalado por dirigir a la fuerza policial en la comisión de serias violaciones a los derechos humanos, a Moreno se le responsabilizó por actos de violencia cometidos por integrantes de la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales contra manifestaciones callejeras antigubernamentales, y López fue acusado de haberse valido de su posición en el FSLN para beneficio personal y familiar.
La aplicación de esa legislación implica el bloqueo de todos los bienes de los sancionados, o la participación de éstos en la posesión de bienes dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.
Estallada el 18 de abril, las violenta crisis sociopolítica nicaragüense presenta saldo de centenares de víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega y Murillo, y cualquier otra expresión de oposición, han sido objeto de fuerte represión por parte de agentes policiales –principalmente, antidisturbios- y fuerzas parapoliciales actuando en conjunto.
La represión antiopositora, que se lleva a cabo lo mismo masivamente -contra marchas callejeras y otras actividades públicas- que selectivamente -mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, se ha centrado, más frecuentemente, en medios de comunicación y periodistas independientes así como en organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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