Aarón Chinchilla EP. | Tras conocerse el informe de la Procuradoría de la Ética Pública (PEP), dos de tres garantes éticos del Partido Acción Ciudadana (PAC) pidieron la salida inmediata del diputado Welmer Ramos.
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Mediante una carta, Quince Duncan y José Manuel Arroyo hicieron la solicitud de salida a Ramos y consideraron que el voto de mayoría emitido y “en vista del compromiso que en su oportunidad adquirió el diputado Ramos (en 2017), es que se aparte del cargo público para el que fue electo, y despliegue todos sus argumentos y defensas en pro de su inocencia y probidad, tal y como el ordenamiento jurídico se lo garantiza”.
Adicionalmente, la solicitud de los garantes Duncan se da en virtud que el 20 de diciembre de 2017, a petición del entonces candidato a la Presidencia de la República, Carlos Alvarado, Welmer Ramos dirigió una nota al Comité Ejecutivo Nacional del PAC, donde se comprometía a colaborar con la PEP en la investigación y “acatar y seguir las conclusiones y recomendaciones que señale la Procuraduría” e incluso se mostró dispuesto a renunciar al cargo, de ser electo diputado, “en caso de que se demuestre que incurrí en una falta al deber de probidad”.
(…) Lo cierto y relevante es que los compromisos adquiridos en aquella oportunidad, se dirigían a despejar cualquier duda que hubiera sobre la transparencia y legalidad de las actuaciones del ex ministro Ramos González, candidato a diputado. Hoy día esas dudas e indicios se han confirmado, lo cual deja intacta la posibilidad de valorar la inconveniencia de tales actuaciones en el plano ético, aunque en el jurídico, deben hacerse aún las investigaciones necesarias para arribar a cualquier juicio de responsabilidad.
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En la misma línea, citaron que “la Procuraduría ha encontrado indicios contra la probidad que estima importantes: una tramitación inexplicablemente acelerada, coincidencia entre la modificación reglamentaria del caso y reuniones de un interesado particular en el Ministerio de la Presidencia y la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial; requerimientos a funcionarios técnicos para modificaciones también en orden al interés de ese particular; coincidencia entre esa tramitología y la aprobación de los créditos bancarios involucrados y, en fin, un aparente irrespeto a la legislación penal que es el fundamento para el traslado a investigación al Ministerio Público”; Por ello, Welmer Ramos debería renunciar a la curul legislativa.
Por su parte, Margarita Bolaños suscribió un criterio de minoría y consideró que le corresponde al PAC tomar la decisión de si sobre Ramos se mantiene en la curul o renuncia, toda vez que el acuerdo en cuestión se hizo ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido y por lo tanto, es a ese órgano al que le compete seguir el debido proceso, según lo establece el Estatuto.
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Mediante un comunicado de prensa, la PEP señaló que la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa les remitió el “Informe Final de los casos de SINOCEM y COOPELESCA sobre operaciones crediticias gestionadas y otorgadas por el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y otras entidades bancarias del Estado”, tramitado bajo el Expediente Legislativo No. 20.461 y conocido popularmente como caso “Cementazo”, para valorar si el diputado Welmer Ramos González, incurrió en una violación al deber de probidad.
Adicionalmente, la PEP interpuso una denuncia penal contra Ramos, en razón de la posibilidad de que haya incurrido en tráfico de influencias en el caso antes mencionado, el cual estaría siendo tipificado bajo el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Del mismo modo, se instó al Ministerio Público a considerar la información contenida en el citado informe, que deja constancia de actuaciones de anteriores funcionarios de Casa Presidencial así como del Banco de Costa Rica, relacionadas con el trámite de las reformas al Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos aprobadas con los Decretos Ejecutivos 38907-MEIC y 39414 MEIC-S de marzo y diciembre del 2015, las cuales, podría ser de utilidad en la investigación penal de los hechos que conoce el Ministerio Público.
