El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Costa Rica impulsar una nueva reforma fiscal orientada a aumentar la recaudación tributaria mediante cambios en el impuesto sobre la renta, la ampliación de la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la eliminación de diversas exoneraciones vigentes.
Las propuestas forman parte del informe de la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2026, una evaluación periódica que realiza el organismo sobre la situación económica de sus países miembros.
Según el FMI, las medidas permitirían generar ingresos adicionales equivalentes al 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2027.
El organismo sostiene que Costa Rica ha logrado avances significativos en materia fiscal durante los últimos años, pero advierte que varias decisiones recientes han erosionado la base tributaria y podrían limitar la capacidad del Estado para financiar inversiones estratégicas en el futuro.
“Las recientes modificaciones de política han erosionado la base tributaria”, señala el informe, que menciona entre ellas la reducción gradual del impuesto selectivo de consumo y el aumento de los umbrales del impuesto sobre la renta para trabajadores independientes.
IVA del 13% para la canasta básica
Entre las recomendaciones más sensibles figura el aumento del IVA aplicado a los productos de la canasta básica tributaria.
Actualmente estos bienes pagan una tarifa reducida del 1%, pero el FMI propone que pasen a tributar la tarifa general del 13%. La medida abarcaría productos de consumo cotidiano como arroz, frijoles, leche, queso, aceite y otros alimentos considerados esenciales para los hogares costarricenses.
El organismo reconoce que la tarifa reducida fue creada para proteger a las familias de menores ingresos, pero sostiene que el beneficio también favorece a los sectores de mayores recursos. Según los cálculos incluidos en el informe, apenas un 18% del beneficio tributario asociado a la canasta básica llega al 20% más pobre de la población, mientras que un 21,5% favorece al quintil de mayores ingresos.
Por esa razón, el FMI recomienda eliminar la tarifa reducida y compensar el impacto sobre los hogares más vulnerables mediante programas sociales focalizados y transferencias directas.
Impuestos a Renta y Salario Escolar
Otra de las medidas planteadas consiste en eliminar la exoneración tributaria que actualmente tiene el salario escolar.
El organismo estima que gravar este beneficio, junto con otros pagos extraordinarios que reciben funcionarios públicos, permitiría recaudar cerca de un 0,3% adicional del PIB.
La propuesta contempla que tanto el salario escolar como el denominado “decimocuarto salario” o pagos extraordinarios del sector público queden sujetos al impuesto sobre la renta.
El Fondo también plantea modificar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entre las recomendaciones figura reducir el umbral a partir del cual los asalariados comienzan a pagar este tributo y aumentar la tasa marginal aplicable a los contribuyentes con mayores ingresos.
Según el organismo, estos cambios permitirían aumentar la progresividad del sistema tributario y aportar aproximadamente un 0,1% adicional del PIB en ingresos fiscales.
En el caso de las empresas, propone sustituir el esquema escalonado vigente por una tarifa única del impuesto sobre la renta, acompañada por un régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
De acuerdo con las estimaciones del FMI, esta modificación podría generar alrededor de un 0,1% del PIB adicional en recaudación.
Más de 400 exoneraciones bajo revisión
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la revisión de las exoneraciones tributarias.
El informe señala que Costa Rica mantiene más de 400 gastos tributarios o exenciones fiscales, una cifra superior al promedio observado tanto en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como en América Latina.
Según el organismo, estas exoneraciones representaron aproximadamente un 4% del PIB en 2024 y equivalieron a cerca del 31% de toda la recaudación tributaria nacional.
El FMI recomienda eliminar exoneraciones aplicadas a boletos aéreos internacionales, equipos médicos, premios de lotería, productos madereros y forestales, así como al alquiler de vehículos. Asimismo, plantea realizar análisis periódicos de costo-beneficio para determinar cuáles beneficios fiscales cumplen realmente los objetivos para los que fueron creados y cuáles deberían eliminarse.
Recursos para seguridad, educación y salud
El organismo aclara que los ingresos adicionales no deberían destinarse únicamente a la reducción de la deuda pública.
Según el informe, una reforma tributaria permitiría crear espacio fiscal para financiar inversiones consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
Entre ellas menciona la modernización de carreteras, puertos y ferrocarriles; el fortalecimiento de la educación, especialmente en poblaciones vulnerables; la ampliación de los servicios de cuido infantil y atención a adultos mayores; el aumento de programas sociales focalizados; la expansión de las pensiones no contributivas; mayores recursos para seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la atención primaria en salud.
El Fondo advierte además que Costa Rica enfrenta crecientes presiones asociadas al envejecimiento de la población, el aumento de los costos de salud y los desafíos de sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Meta de recaudar un 1,8% del PIB
Las estimaciones del FMI indican que el conjunto de medidas permitiría aumentar los ingresos públicos en aproximadamente un 1,8% del PIB para 2027.
De ese total, alrededor de 1,6 puntos porcentuales provendrían de la eliminación de exoneraciones tributarias, mientras que los cambios en renta corporativa y renta personal aportarían cerca de 0,1% del PIB cada uno.
Según las proyecciones del organismo, la aplicación de estas medidas elevaría el superávit primario de 0,9% a 1,4% del PIB en 2027 y aceleraría la reducción de la deuda pública en los próximos años.
Las recomendaciones del FMI no constituyen proyectos de ley ni implican una obligación para el Gobierno o la Asamblea Legislativa.
No obstante, el informe vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre una eventual nueva reforma fiscal, apenas ocho años después de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018.
