El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó la Ley sobre Crimen Organizado este martes en presencia de los jerarcas de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias y el Poder Judicial, Orlando Aguirre.
La reforma fue impulsada por el Ejecutivo y necesitó de una discusión en el Plenario por la vía rápida, con doble sesión a fin de que esta ley estuviera sentenciada antes del 6 de junio, fecha estimada por el Fiscal General Carlo Díaz, ya que sin esta ley, algunos grupos criminales podrían ser liberados.
Según Chaves, esta iniciativa atacará el problema de inseguridad dotando de más recursos al Poder Judicial para perseguir y encerrar a los criminales.
“La reforma le da mejores criterios al Poder Judicial para designar fiscales, defensores y demás personal que se ocupe o que se va a ocupar de esta jurisdicción especializada en delincuencia organizada. Además, va a reformar al reforzar las evaluaciones periódicas de idoneidad para asegurarnos la probidad y eficacia de sus funcionarios”, afirmó el presidente.
La necesidad de esta norma se da por el aumento en los asesinatos en el país, así como la violencia de los mismos, con 2,4 homicidios al día.
¿Realmente beneficiosa?
A pesar de la urgencia rescatada por el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y 47 diputados que votaron a favor; existen dudas sobre la legitimidad en la aplicación de esta nueva ley y como podrá afectar a los procesos actuales contra imputados asociados a estructuras criminales.
El abogado Fabián Volio describió esta reforma como un “saludo de bandera”, ya que la reforma busca corregir el error de haber derogado el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado, lo que haría inconstitucional su aplicación y dejaría nulos los procedimientos penales contra los delicuentes.
“Esta ley prentende hacerlo retroactivo en contra de los derechos de las personas, para evitar el efecto que ya se causó; de permitir la liberación de sicarios, narcotraicacntes por falta de norma (porque está derogada), es un esfuerzo burdo en tratar de aplicarsela retroactivamente a todos los juicios del país, lo cual es inconstitucional” explicó Volio.
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La principal opositora al proyecto del que derivó esta ley fue la diputada liberacionista Carolina Delgado quien manifestó las mismas preocupaciones que Volio.
Según Delgado el país podría tener demandas internacionales y nacionales, por lo que en vez de atender la problemática contra el crimen organizado, se estaría haciendo lo contrario.
