Keylor García | EP. La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Epsy Campbell Barrr, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende proteger al consumidor crediticio de cualquier naturaleza crediticia, desde prestamistas, casas de empeño, financieras, operadoras de tarjetas, negocios de venta de electrodomésticos hasta agencias de viajes.
El proyecto propone que La Defensoría del Consumidor Crediticio, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sea la encargada de velar por los derechos de los consumidores crediticios y la revisión de los contratos de adhesión utilizados por los prestadores de servicios de créditos para anular cualquier cláusula leonina que contengan.
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Entre los nuevos derechos del consumidor sería el de escoger la cantidad de cuotas que quiere pagar, en el momento de optar por un servicio de crédito. También prohíbe el acoso telefónico, los cargos adicionales por gestión de cobro, las comisiones por prepago, las multas adicionales diferentes al interés moratorio, por atrasos en el pago de intereses o cuotas pagadas.
“Los hábitos de consumo variaron significativamente y el uso del crédito para adquirir productos y servicios es parte de la rutina diaria de las personas para satisfacer sus necesidades. Lamentablemente, esta nueva dinámica no ha sido acompañada de un marco jurídico para la protección de nuestros derechos como consumidores, lo cual ha provocado abusos que es nuestra responsabilidad detener” señaló Campbell Barr.
Además, la legisladora agregó que el crédito se utiliza para una gran variedad compras. Por ejemplo, para adquirir vehículos, viviendas, electrodomésticos o planes postpago de celulares, centros educativos privados y clubes de viaje que ofrecen alternativas crediticias.
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La directora legal de la Asociación Pro Defensa Del Consumidor (APRODECO), Adriana Rojas Rivero apoya el proyecto presentado por la diputada y , manifestó que, al no existir una reglamentación especial en el tema de consumo crediticio, las entidades que ofrecen financiamiento, han establecido cláusulas contractuales que generar importantes daños económicos a los consumidores.
“Muchas personas han perdido su vivienda, sus bienes o sus pequeños negocios por la falta de una apropiada regulación. Esto daña a la totalidad de la economía costarricense y es un obstáculo para el desarrollo nacional”, señaló Rojas.
