George Rodríguez EP. Las sanciones que el gobierno estadounidense viene aplicando al régimen nicaragüense no son un fin sino un medio para impulsar el cambio pacífico, aseguró el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan.
Tienen el mismo propósito que similares medidas aplicadas al régimen venezolano, precisó Sullivan, durante una actividad privada que tuvo lugar en la sede de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) en Managua, la capital nicaragüense.
“No son un fin, en sí mismas, sino un mecanismo para promover el cambio democrático y pacífico que tanto necesita Nicaragua –tal como ocurrió en Venezuela-”, aseguró Sullivan, quien agregó que “se espera que su implementación continúe y se amplíe, para incluir a más individuos, entidades e instituciones, hasta que se alcancen los objetivos establecidos en la Nica Act y la Orden Ejecutiva (decreto presidencial)”, expresó.
El embajador aludió, así, a la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción para Nicaragua de 2018 (Nicaragua Human Rights and Anti-corruption Act of 2018) –más conocida como Nica Act-, y a la Orden Ejecutiva (Executive Order, EO) 13851.
Algunos de los componentes clave de la Nica Act incluyen respaldo para una solución negociada a la violenta crisis sociopolítica nicaragüense estallada hace más de un año, así como la aplicación de sanciones selectivas a jerarcas gubernamentales a quienes se señale como responsables, entre otros hechos, de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
La EO 13851, firmada el 27 de diciembre de 2018, por el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró emergencia nacional respecto al gobierno de Nicaragua, a causa de la situación de violencia sociopolítica imperante, desde abril del año pasado, en el país centroamericano.
Sullivan aseguró, al hablar el miércoles en la AmCham, que la política del gobierno de Trump, respecto al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, es firme e inequívoca.
“Se centra en promover el fin a la represión, restaurar el pleno respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, y apoyar elecciones anticipadas, libres, y justas, como la mejor manera de resolver la crisis sociopolítica de Nicaragua”, explicó.
En cuanto a la reconstrucción de la economía nicaragüense –severamente dañada por la crisis nacional-, Sullivan aseguró su disposición a cooperar, entre otros objetivos, en materia de desarrollo.
“Hay muchas cosas que me gustaría hacer, como embajador, y espero poderlas hacer en el futuro cercano”, lo que incluye “renovar y profundizar nuestra colaboración en pro del desarrollo económico”, expresó.
Al respecto, la coordinación con la cámara y otros sectores locales fue destacada por el embajador.
“Espero colaborar con AmCham, y otros líderes nicaragüenses, para aprovechar el vasto potencial de nuestra cooperación, en tanto Nicaragua retorna a un camino de paz, libertad, y desarrollo económico inclusivo”, planteo, para exhortar, de inmediato, a que “hagamos, todos, lo que podamos, desde donde estemos, usando lo que tenemos a mano, para que eso suceda”.
Sullivan subrayó, además, el compromiso estadounidense con el logro de una solución pacífica a la crisis nicaragüense.
El embajador formuló las declaraciones seis días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro allegados a Ortega -el presidente de la Asamblea nacional (parlamento unicameral), Gustavo Porras, los ministros de Salud y de Transporte e Infraestructura, respectivamente, Sonia Castro y Oscar Mojica, y el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo-.
El mismo día, el gobierno de Canadá anunció sanciones contra nueve personas vinculadas a Ortega, todas ya sancionadas por Estados Unidos –entre ellas la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, Laureano Ortega, hijo de la pareja gobernante, y el ministro de Transporte e Infraestructura, general retirado Oscar Mojica-.
Canadá les aplicó la Ley Especial de Medidas Económicas (Special Economic Measures Act, SEMA), de acuerdo con lo indicado por el gobierno de ese país norteamericano, en un comunicado, lo que implica, para los castigados, la prohibición de ingresar a territorio de Canadá, la congelación de activos, así como la prohibición de compartir algún interés económico con personas nacionales y con entidades financieras de ese país, de acuerdo con lo indicado en un comunicado gubernamental.
Nicaragua es, desde el 18 de abril de 2018, escenario de la violenta crisis sociopolítica que ha generado centenares de víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente, a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega y Murillo, así como cualquier otra expresión de oposición, han sido objeto de fuerte represión por parte de agentes policiales –principalmente, antidisturbios- y fuerzas parapoliciales actuando en conjunto.
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