George Rodríguez EP. Estados Unidos exigirá, a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en Nicaragua, que rindan cuentas de sus actos, indicó este viernes el portavoz interino del Departamento de Estado, Robert Palladino.
El régimen nicaragüense encabezado por el presidente de ese país, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, demuestra, con tales acciones, su desprecio por las garantías fundamentales, indicó Palladino, en una breve declaración.
“Conforme al Decreto Ejecutivo firmado por el Presidente Trump el 27 de noviembre, Estados Unidos exigirá que rindan cuentas los responsables de los abusos que ocurren en Nicaragua, incluidas las personas que sean cómplices del régimen”, indicó el funcionario.
Trump firmó ese día una Orden Ejecutiva (Executive Order, EO), median te la cual declaró emergencia nacional respecto a la represión antiopositora que el régimen mantiene en el marco de la crisis sociopolítica estallada el 18 de abril en Nicaragua.
El portavoz planteó, además, que es necesario que la comunidad internacional debe acompañar en la condena de los abusos, planteó, asimismo.
“Exhortamos a la comunidad internacional a que nos acompañe en la condena de estas acciones y adopte acciones concretas para imponer medidas más severas al comportamiento antidemocrático del régimen”, expresó.
Palladino se refirió, específicamente a la anulación, esta semana, por parte de la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- nicaragüense- de la personería jurídica de varias organizaciones no gubernamentales.
“Las recientes acciones del régimen nicaragüense para privar de personería jurídica a organizaciones no gubernamentales, incluidos grupos que monitorean la situación de los derechos humanos, ponen de manifiesto el desprecio continuo del Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo por los derechos humanos en su propio país. Sus esfuerzos por hostigar, amenazar y reprimir a medios de comunicación independientes no conseguirán ocultar la opresión sistemática al pueblo nicaragüense”, señaló.
En el contexto de debilitamiento institucional que lleva a cabo el régimen, Estados Unidos mantiene el apoyo al pueblo nicaragüense en la búsqueda de solución a la violenta crisis sociopolítica que hace más de siete meses afecta a ese país centroamericano, dijo.
“Ortega y Murillo siguen degradando las instituciones de su país, en un intento desesperado por aferrarse al poder. Las medidas arbitrarias y antidemocráticas desacreditan todavía más al régimen de Ortega ante los nicaragüenses y el resto del mundo. Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Nicaragua en su esfuerzo por restablecer la democracia mediante elecciones anticipadas, libres y justas”, manifestó.
La declaración fue emitida horas después de que efectivos de la Policía Nacional de Nicaragua allanaron violentamente, la madrugada de este viernes, las sedes de organizaciones no gubernamentales a las cuales la Asamblea Nacional retiró la personería jurídica.
Las organizaciones afectadas por el ataque policial son el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), encabezada por Vilma Núñez, la Fundación Popol Na, para la Promoción y el Desarrollo Municipal, dirigida por la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano, la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigida por Haydé Castillo, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), que dirige Félix Maradiaga, y el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro.
También fueron allanadas las instalaciones de los programas periodísticos Esta Noche, y Esta Semana, y del semanario Confidencial, medios que son dirigidos por Chamorro.
A iniciativa del Ministerio de Gobernación (Migob), la mayoritaria bancada legislativa del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) -71 de 92 diputados- el organismo legislativo ha sancionado, por esa vía, desde noviembre, a nueve organizaciones.
La dramática situación nicaragüense, que estalló el 18 de abril, ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
