George Rodríguez EP. El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director de los programas informativos Esta Noche y Esta Semana, y del periódico Confidencial, informó que presentó este lunes un recurso de amparo contra la Policía Nacional, luego del violento allanamiento a las respectivas redacciones de esos medios y por la ocupación policial que se mantiene en esas instalaciones.
El director de los medios formuló el anuncio, a reporteros, en las afueras de la sede del Tribunal de Apelaciones de Managua, mientras su representante legal, el abogado Lesther Mendoza, tramitaba, en la Sala Civil del tribunal, el recurso.
Chamorro explicó que decidió llevar a cabo el trámite judicial, “en mi condición de periodista, de ciudadano, y, también de apoderado general de las empresas de medios de comunicación Promedia –que es la productora de Esta Semana y Esta Noche-, Intermedia –que es la productora de Confidencial- (…) en contra del asalto perpetrado, por la Policía Nacional, contra estas dos empresas, contra las redacciones” de los medios, y “por la ocupación ilegal que mantiene, en este momento, la Policía Nacional”.
Chamorro denunció que la agresión policial contra esos medios constituye una violación de derechos.
“El derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión, están siendo aplastados por el cierre, por la vía de facto, de estos medios de comunicación, al ocupar su redacción, aunque nosotros seguimos transmitiendo, y seguiremos reporteando, aunque ellos tengan controlada nuestra redacción”, indicó.
Se trata, asimismo, de un ataque al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad.
“Es un asalto, también, al derecho a la libertad de expresión, que es un derecho de los ciudadanos, que es un derecho constitucional de los ciudadanos, y es, también, un asalto en contra del derecho a la privacidad, porque, en este robo que perpetró la policía, no solamente han incautado equipo de producción y de transmisión de medios de comunicación sino, también, documentación privada”, denunció, para subrayar que “todos los ciudadanos, tenemos derecho a la privacidad”.
El periodista precisó que la sustracción ilegal incluyó su computadora personal, una caja fuerte con documentación de Intermedia y Promedia así como de Cabal, empresa de propiedad de su esposa que también tiene sede en el edificio afectado.
“Por lo tanto, también, estamos recurriendo, de amparo, por la violación al derecho a la propiedad privada y al derecho a la libertad de empresa”, agregó, al precisar que el amparo se refiere, únicamente, a las dos empresas periodísticas.
Chamorro –a quien no se permitió ingresar a la sede judicial, acompañando a su abogado- precisó que el recurso fue redactado en estricto apego a los requisitos legales del caso.
También informó que “lo que se le solicita, a la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones (…) es que admita este amparo y que, de inmediato, ordene la suspensión del acto, es decir, la suspensión de la ocupación, por la vía de la fuerza militar, del edificio –que, también, es de mi propiedad- donde están las tres empras –Promedia, Intermedia, y la empresa Cabal-, y, también, que le demanden, a las autoridades (…) la devolución de todos los bienes que ellos incautaron”.
Chamorro expresó la esperanza de esa instancia judicial falle de acuerdo a lo que el derecho establece.
El director de los medios afectados subrayó el hecho de que el recurso de amparo, al igual que los demás derechos constitucionales, está formalmente vigente, aunque todos violados por la represión policial que hace casi ocho meses se registra en Nicaragua.
“El recurso de amparo, no ha sido suspendido, y todos los otros derechos constitucionales, que yo he mencionado, están vigentes, no han sido suspendidos por ningún Estado de Emergencia, y están siendo violados y aplastados por la policía”, subrayó.
Chamorro formuló las declaraciones tres días después del allanamiento a los medios que dirige, acción policía llevada a cabo la madrugada del 14 de diciembre y que simultáneamente afecto a varias de las nueve organizaciones no gubernamentales a quienes, la semana pasada y a solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob), la Asamblea Nacional –parlamento unicameral-, suspendió la personería jurídica.
Los ataques policiales se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
