Elvis Martínez |EP. Después de tres días de discusiones en el Plenario Legislativo, los diputados levantaron la inmunidad a Celso Gamboa, magistrado suspendido de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, quien ahora deberá ser juzgado por el presunto delito de tráfico de influencias en la función pública, mientras se desempeñaba en el Ministerio Público.
Pasadas las 6.30 p.m. de este jueves los legisladores decidieron realizar la votación de manera pública, ante lo cual el diputado Oscar López se retiró del Plenario para no votar, mientras que Otto Guevara se abstuvo. Al final la votación para quitar la inmunidad al magistrado se dio con 45 votos a favor, una abstención y 11 ausencias.
Los legisladores se basaron en el informe de la comisión especial legislativa, integrada por los diputados Juan Luis Jiménez Succar, del Partido Liberación Nacional (PLN), Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Edgardo Araya, del Partido Frente Amplio, quienes recomendaron quitar el afuero a Gamboa para procesarlo.
Según el informe, a Gamboa Sánchez se le señala de aprovecharse de su cargo como subjefe del Ministerio Público para favorecer de forma indebida al alcalde de San José, Johnny Araya. Los hechos se dieron entre el 25 de noviembre de 2015 y el 8 de enero de 2016.
Al exmagistrado también se le investiga por un viaje que realizó a Panamá junto con Juan Carlos Bolaños, empresario encarcelado por el caso del cementazo.
Gamboa, quien compareció el martes anterior en la Asamblea Legislativa, señaló que la causa en su contra se da por una persecución política. Sin embargo, la comisión especial niega que sea así.
“con vista en el expediente judicial y el descargo realizado por el Magistrado Celso Gamboa Sánchez, la Comisión no encuentra que “estemos frente a un caso de persecución política, por lo que los diputados suscribientes consideramos debe levantarse el fuero de improcedibilidad penal.
Las consideraciones de los diputados firmantes para poder determinar la inexistencia de persecución política, parten de un estudio de todos los documentos aportados, tanto por el acusador como por el acusado. Encontramos que existe seriedad y “apariencia de buen derecho” en las acusaciones planteadas, sin que, por supuesto, signifique un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto, cosa que excede a las competencias del Poder Legislativo. Serán los Tribunales competentes los encargados de resolver este asunto, de manera objetiva y en estricta aplicación del derecho“, señala el documento.
Este mismo jueves 01 de marzo Gamboa envío una nota a la Fiscal General donde aducía violación a sus derechos y denunciaba la forma de votación del desafuero.
Porque no he solicitado clemencia ni indulgencia, solamente respeto a mis derechos fundamentales he remitido esta nota a la Fiscalía General por las posibles consecuencias del actuar de @asambleacr pic.twitter.com/er3uaJ7BYg
— Celso Gamboa Sánchez (@CelsoGamboaCR) 1 de marzo de 2018
